Probablemente estaríamos ante un órdago si las declaraciones de Rocío Mosquera (PP) se efectuasen en territorio gallego pero, por alguna extraña razón, este supuesto desliz dialéctico ha pasado prácticamente sin pena nin gloria.

Según se recoge en el blog de la CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) en Galicia, la actual Conselleira de Sanidade señalaría a los ciudadanos gallegos como culpables del coste "social y económico" del sistema sanitario público, cuyo origen radicaría en la "deficiente alfabetización" sanitaria demostrada por las gallegas y gallegos, la cual podría estar basada en una supuesta mala autogestión de las enfermedades o en un hipotético mal uso de los recursos preventivos.

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Otros posibles causantes, siempre citando como fuente a CESM-Galicia, serían los mayores gastos sanitarios por un incremento de las hospitalizaciones y la variación de la tasa de mortalidad.

Estas y otras reflexiones serían vertidas por Rocío Mosquera en Santander, el pasado 22 de julio, en el marco del seminario 'Health literacy, empoderamiento de pacientes y ciudadanos'. En su ponencia, la conselleira defendería la necesidad de abordar con urgencia "medidas correctoras" encaminadas a la mejora de la sostenibilidad de la sanidad pública en Galicia.

Por su parte, en el antecitado comunicado la CESM-Galicia considera "inaceptables e inmorales" las palabras de Mosquera, e insta a la conselleira a que rectifique y pida perdón a todos los gallegos "por llamarlos 'analfabetos'". Igualmente, manifiesta este organismo su malestar al expresar que la Administración insiste en que no se dispone de fondos para mantener el sistema sanitario vigente, pero sí para gastos que valoran menos necesarios, como el rescate de autopistas o las "empresas públicas deficitarias".

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No es la primera vez que Rocío Mosquera se ve rodeada de polémica. Una de las que ha levantado más ampollas es la de la dotación de los servicios de hemodinámica 24 horas, redioterapia y medicina nuclear del Hospital Universitario Lucus Augusti. Si bien la Xunta había manifestado su compromiso en relación a que las citadas asistencias comenzarían a funcionar en el 2011, lo cierto es que a día de hoy aún no están plenamente operativas.

Su postura ante estos hechos provocaron que el la Diputación y el Ayuntamiento de Lugo la declarasen persona 'non grata'. #Gobierno #Crisis #PP