Esta semana el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha expuesto su intención de incluir en el programa electoral de su partido la legalización de la prostitución en España. El comunicado no ha tardado en sembrar la polémica acerca de un tema peliagudo y controvertido del que las autoridades a menudo se desentienden y eluden así enfrentarse a un debate que requiere más atención y menos cinismo.

En este caso, la cuestión no se plantea desde una perspectiva de moralidad, ahondando en la ética de la profesión más antigua del mundo, sino que la discusión de fondo se centra en si se trata de una forma de explotación que debe ser abolida o de una relación laboral que conviene tipificar.

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¿Son trabajadoras con derechos?

Los defensores de esta propuesta consideran que en virtud del principio de libertad las personas deben tener autonomía para tomar sus decisiones y regir su vida, de modo que el intercambio de sexo por dinero entre dos adultos es completamente legítimo, siempre y cuando sea un acto voluntario en el que reine una relación simétrica y no intervengan terceros como mafias y proxenetas.

Al hilo de este argumento, en marzo de este año el Colectivo Hetaira para la defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo desarrolló un documento reivindicando la normalización y reglamentación del trabajo sexual en el que se insta a los partidos políticos a que consideren y se comprometan con estas propuestas. Esta corriente pretende que se sigan los pasos de países como Alemania y Holanda en los cuales la prostitución se encuentra legalizada y las mujeres que la ejercen cuentan con las mismas prestaciones y coberturas que el resto de sujetos laborales.

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Las razones que arguyen para respaldar esta iniciativa son, entre otras: acabar con la inseguridad jurídica y ocultismo que rodea este asunto, proteger y beneficiar a las trabajadoras del sexo que además se convertirían en autónomas, combatir a las mafias mediante presión, mejorar la salubridad de la profesión y, desde luego, la generosa contribución que supondría a las arcas del estado el que dejara de ser una economía sumergida.

¿O son víctimas de la explotación?

Al otro lado de la balanza se encuentran los abolicionistas, que tomando como ejemplo la política sancionadora de Suecia, alegan que este mercado alienta la trata de personas con fines sexuales a la vez que mina la dignidad de las mujeres y favorece a la figura de "chulo" o proxeneta. Se basan en la idea de que la mayoría de las mujeres que escogen esta profesión lo hacen de manera extorsionada y esclavizada

El gigante nórdico que he mencionado ha penalizado todo lo relacionado con la industria del sexo, excepto a las propias prostitutas, aunque éstas se ven obligadas a trabajar en la clandestinidad y sin ningún tipo de amparo institucional.

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Desde luego ha conseguido disminuir el tráfico sexual y convertirse en el país europeo menos rentable para las mafias, cosa que no pueden decir ni Alemania ni Holanda.

Siempre se ha dicho que del hecho surge el derecho y éste tiene que dar revestimiento jurídico a las prácticas sociales. El problema aquí es no saber cuál es la forma más beneficiosa para las partes vulnerables de tratar este fenómeno, ya que ni siquiera dejando a un lado la dicotomía del bien y el mal es posible llegar a un consenso sobre el trato óptimo que debe recibir la prostitución. El debate está servido.