La atención médica de los reclusos de la cárcel de Morón de la Frontera, en Sevilla, se ha visto mermada hasta llegar a una situación insostenible en el último mes. La acumulación de bajas laborales de hasta cuatro de los médicos, sumada al cese de algunos funcionarios por cambio de destino, han afectado gravemente al servicio.

El coordinador de prisiones de CSIF en Sevilla, Claudio Esteban, ha denunciado la "inseguridad" sanitaria que sufren unos 1.500 reclusos. Aunque la Relación de Puestos de #Trabajo establece que la prisión debe contar con 12 médicos en la plantilla, el centro cuenta con tan sólo siete plazas.

La situación inicial del centro Sevilla II, contaba con estos médicos para los turnos diarios de lunes a viernes, más refuerzos para cubrir las guardias, que ocupan los días de diario desde las 15:00 horas hasta las 8 de la mañana del día siguiente, además de los fines de semana y las vacaciones de los compañeros.

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Aunque la baja de los dos refuerzos sí se cubrió por una sola persona, ésta ha tenido que cesar en su puesto para poder optar a la plaza que desea. Las circunstancias empeoraron drásticamente en el último mes, cuando a la incapacidad laboral transitoria de dos de los facultativos se sumó la de tres más. Tan sólo una de estas plazas ha sido ocupada por Instituciones Penitenciarias.

En estos momentos, sólo hay tres profesionales cubriendo las funciones médicas del centro. Una de ellas no realiza guardias por motivos personales, lo que le obliga a realizar el turno diario y deja a las otras dos empalmando guardia sobre guardia.

En esta tesitura,  las mañanas de los fines de semana y de los días laborables en los que la médico estaba de vacaciones, el puesto médico del penal quedaría vacío.

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Para solventar esa eventualidad, se ha decidido volver a las guardias de 24 horas. Esto va en perjuicio de las condiciones laborales de los dos funcionarios que las realizan, ya que no son personal suficiente para llevarlas a cabo con el correspondiente descanso de cuarenta y ocho horas que marca la ley.

La escasez de personal sanitario ha provocado que sólo se puedan atender las urgencias, en detrimento de las consultas, que se han dejado de pasar. Los empleados públicos han mencionado también que no debe olvidarse que, según la ley, están obligados a velar por la seguridad de los internos, y que éstos no pueden desplazarse a un centro médico para recibir la atención necesaria.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, APFP, ha presentado una denuncia ante la dirección del centro para que la eleve a Madrid, esperando que desde allí ofrezcan una solución viable. Desde Instituciones Penitenciarias no han querido hacer declaraciones por el momento.

Los trabajadores echan en cara a la Administración estos recortes en un ámbito en el que "se ha derrochado sin sentido", señalando el área e instrumental de ginecología sin estrenar que se compró para dicha cárcel, que sólamente es de ámbito masculino.

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Además recuerdan que los facultativos también están para atenderles a ellos en caso de que hubiese un altercado.

#Crisis #Sociedad Sevilla