La Infanta Cristina, a través de sus abogados, ha ingresado 587.413,585 euros, que le pedía la fiscalía por su supuesta responsabilidad civil, como beneficiaria de los delitos que le imputan a su marido, Iñaki Urdangarin, por el caso Nóos, en una cuenta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que es el responsable de instruir la causa. La fianza la han ingresado por medio de unas pólizas que llevaban tiempo contratadas para tal fin.

Con el pago de la fianza la defensa de la hermana del Rey Felipe IV procura que en el proceso ella no forme parte en la vista, ni que sea llamada como testigo como lo pretende la fiscalía.

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Para los abogados de la #Infanta Cristina es prioritario que no sea imputada como lo requiere el Sindicato de Manos Limpias, que se ha presentado como acusación particular en este sonado caso.

La Abogacía del Estado, que también ve en la infanta una responsabilidad civil a título lucrativo, le exige 168.571 euros, que es la mitad de lo que supuestamente Iñaki #Urdangarín defraudó a Hacienda, pero tendría que pagarlo si es condenado su marido en este caso.

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, considera que ella se benefició del dinero que Aizoon, empresa en la que los dos eran propietarios en un 50%, recibía de forma ilícita y que Iñaki destinaba para pagar facturas de índole familiar e inclusive que la propia Cristina utilizaba en las compras para su casa, desconociendo supuestamente el origen de ese dinero.

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La cantidad ingresada es la mitad de lo que la empresa obtuvo y que se gastaron en asuntos personales, defraudando a Hacienda.

Pedro Horrach aplica el artículo 122 del Código Penal el cual dispone "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no se le considere responsable de los hechos que se investigan.

Para Iñaki Urdangarín, la acusación solicita una condena de 19,5 años de cárcel, a la vez que le solicita el pago de una multa 3,5 millones de euros por haber desviado dinero público cometiendo presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo. La Infanta Cristina tiene por delante un duro camino que recorrer ella a modo particular y por su marido que es el padre de sus hijos.