El programa conducido por Antonio García Ferreras ha emitido esta mañana, en exclusiva, nuevas escuchas relacionadas con la investigación de la operación Lezo. En este caso las grabaciones apuntan a que Esperanza Aguirre conocía, de primera mano, haber sobrepasado el límite de presupuesto que exige la ley para financiar las campañas electorales de 2007 y 2011.

En una conversación interceptada por la unidad central operativa de la Guardia Civil. Esperanza Aguirre e Ignacio González, comentan unas informaciones recién publicadas en aquellos días que vinculaban a la fundación Fundescam, con la financiación ilegal de esas campañas.

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González parecía muy preocupado por negarlo, quizá porque por aquel entonces, ya conocía la posibilidad de que estuviese siendo investigado y tuviera sus teléfonos pinchados. Aguirre le confirmaba que de Fundescam no procedía tal financiación, pero añadía: "que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede. Pero desde luego Fundescam no ha pagado".

Algo que vendría a confirmar que Aguirre sí que conocía los gastos electorales de sus campañas, algo que ha negado hasta la saciedad argumentando que se arrepentía de no haber supervisado esa gestión. En conexión telefónica, el periodista Eduardo Inda aportaba información sobre esa otra fuente de financiación que no era Fundescam. Ya que dice tener la absoluta certeza de que Javier Lopez Madrid pagó en metálico una ingente cantidad de dinero, de la que salió prácticamente la totalidad de la financiación.

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En otro informe de la UCO que forma parte del sumario, los investigadores acusan al PP de Madrid de concurrir a las elecciones sobrepasando en más de 2,5 millones el límite para la campaña de 2007 y por tanto, de establecer un sistema que le proporcionase una ventaja electoral sobre el resto de fuerzas políticas. Además, apuntan a que el PP de Madrid podría haber usado su caja B para financiar la campaña a la presidencia del gobierno de Mariano Rajoy, en la generales de 2008. Dicho informe describe cómo se usaba Fundescam. Los empresarios donaban dinero a la fundación, dinero que ésta usaba para financiar las campañas electorales, y luego esos empresarios recibían adjudicaciones de organismo públicos controlados por el PP. Tal es el caso del empresario Arturo Fernández y su adjudicación de las cafeterías de la Asamblea de Madrid.

Aguirre permanece alejada del foco mediático desde su dimisión. Algo totalmente impropio de la política popular, que siempre se ha caracterizado por confrontar las informaciones que contra ella se han ido publicando a lo largo de su vida política. #Corrupción #Actualidad #lasexta