Este pasado martes se ha conocido la decisión del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de cancelar las euroordenes de detención que pesaban sobre Carles Puigdemont y los cuatro exconseller que se refugiaron en Bélgica.
La detención internacional había sido solicitada por la jueza anterior, Carmen Lamela, y en el auto publicado ayer se hace referencia a los cambios que se produjeron con posterioridad a que ésta fuera solicitada.
Pese a lo sorpresivo de la medida, la justificación es demasiado clara para los analistas políticos. De esta manera, el magistrado garantiza que, tanto a Puigdemont como a sus compañeros políticos, se los pueda juzgar por todos los delitos que se les imputan.
Siempre y cuando , están sean juzgados con integridad en territorio español.
Por otra parte, también en el auto del juez Llanera se hace referencia a una posible intención de regresar al país por parte de los políticos catalanes que han huido a Bruselas. De mantenerse vigente la euroorden la justicia española se exponía a la posibilidad de no poder juzgar a los imputados que temporalmente residen en Bruselas, por los delitos de rebelión, sedición y malversación por los que se les investiga en territorio nacional.
