El verano está terminando y el curso político ha empezado muy fuerte. Hay mucho que hacer después de las vacaciones institucionales y en este sentido, el problema catalán se presenta como uno de los principales acontecimientos en este inicio de curso. No es para menos, la Generalitat se predispone a convocar un Referéndum de independencia dentro de menos de un mes. Parece ser que la actual forma del Estado español se pone en cuestión y su fortaleza democrática afronta una gran prueba.
Un referéndum de independencia no es un asunto menor, es algo de gran trascendencia, ya que puede dar lugar a algo nuevo, a un Estado, un nuevo ente jurídico a tener en cuenta en el panorama internacional.
Un Estado catalán independiente debería servir para proteger a sus ciudadanos de las amenazas de un estado de anarquía natural a la vez que procurar un espacio en el cual poder ejercer la libertad política. Sin embargo, el modelo de referéndum que se ha propuesto carece de toda validez democrática y por tanto, lejos de constituir un Estado, propiamente dicho, acabará creando problemas muy serios.
El referéndum del “1- O” ya no es que sea ilegal, es totalmente ilegitimo. Es ilegal porque contraría la Constitución española, tal y como ha remarcado y argumentado el más alto tribunal español y el gobierno remarca siempre. Pero es que ningún proceso de independencia ha sido nunca legal. Lo preocupante no es que sea ilegal, sino que un grupo de representantes democráticos esté vulnerando la legitimidad democrática.
El referéndum es ilegitimo porque en él no se han tenido en cuenta las opiniones y reivindicaciones de todos los afectados. El conjunto de españoles que vivimos fuera de Cataluña, también nos veríamos afectados por la independencia de esta Comunidad Autónoma. A la perdida de riqueza nacional, habría que añadir una importante mengua de nuestro patrimonio cultural.
La España se ha construido en base al mestizaje cultural entre las diferentes naciones que la forman. Perder una sola de estas naciones es perder españolidad.
El proceso refrendario impulsado por la Generalitat convoca a urnas solo a una parte de los afectados ignorando al resto, cosa que contraria una de las normas fundamentales de todo Estado que se pretenda democrático: que todas las partes afectadas por una decisión tengan derecho a ser escuchadas, algo de lo que ya habló Habermas refiriéndose a las situaciones ideales de habla.
El Estado catalán nacería pues de un modo injusto que en nada hace justicia al pueblo que quiere representar y defender. No se puede convertir a los catalanes en anti demócratas cuando siempre han sido todo lo contrario, demócratas convencidos.
La única solución posible para el problema catalán pasa por la política, por un doble referéndum: primero los españoles debemos votar si autorizamos la consulta en Cataluña, de ser positiva la votación, como debería serlo, los catalanes votarían y los españoles aceptaríamos el resultado, que esperaríamos fuera negativo a la independencia. Esta es, creo, la única manera de dar una solución licita al problema catalán, una solución democrática.
