El Ministerio del Interior español anunció la implementación de un operativo especial de seguridad para que la Policía de Madrid asuma el control total de la seguridad de Cataluña, esto con miras a bloquear el referéndum secesionista pautado para el próximo domingo 1 de octubre.
La medida se aprobó por petición de la Fiscalía Superior de Cataluña debido a las tensiones existentes con el gobierno regional, el cual apoya la independencia. En la reunión de las autoridades españolas estuvieron presentes Los Mossos d´ Esquadra ―Policía autonómica catalana―, la Policía Nacional y la Guardia Civil, entes que desde hoy ceden su coordinación al Ministerio del Interior.
Sin embargo, el Gobierno regional de Cataluña (Generalitat) sigue firme en su intención de realizar el referéndum ―declarado ilegal por el Tribunal Constitucional― y se niega a poner a sus funcionarios policiales a la orden del Ministerio. Joaquim Forn, consejero del interior del Generalitat, consideró la medida como “injerencista”, ya que salta los órganos judiciales contemplados en la ley para coordinar la seguridad regional.
El tema de la seguridad catalana se ha convertido en un asunto muy delicado para las autoridades españolas, ya que las tensiones entre el Gobierno central y las autoridades regionales ha alcanzado su punto máximo y el control de las calles es clave para determinar el desenlace del conflicto.
Dependiendo de cómo esté la calle se verá si se hace o no el referéndum.
Más funcionarios para erradicar las protestas
Funcionarios del Gobierno español sostienen que este operativo “no pretende retirarle competencias a los Mossos, sino otorgarles el apoyo necesario para mantener el orden público”, enviando más efectivos policiales y de la Guardia Civil; teniendo como efecto colateral impedir los preparativos para la votación del próximo domingo.
Las manifestaciones en la entidad han empeorado desde el pasado miércoles 20, cuando fueron detenidas ―por orden judicial― 14 personas por participar en la organización de la consulta popular, entre ellas altos cargos del Generalitat.
Estas detenciones provocaron la movilización de más de 2000 personas hacia la Consejería de Economía del Ejecutivo catalán, en donde hubo fuertes disturbios que provocaron daños a vehículos de la Guardia y decenas de heridos, mientras muchos agentes tuvieron que esperar horas para poder salir del edificio a causa de los enfrentamientos.
En los días siguientes continuaron las manifestaciones en los alrededores de los juzgados en donde los 14 detenidos fueron llevados a declarar.
Con la Policía regional dividida y la presión popular creciendo, las próximas horas serán claves para determinar el futuro de Cataluña.
