Las relaciones entre el gobierno del Partido Popular y Venezuela vienen de lejos, para ser exactos, de los años comprendidos entre el 2000 y el 2003, cuando el gobierno de José María Aznar aprobó una importante partida de venta de armas al gobierno de Hugo Chávez, que incluía abundante material antidisturbios: 600.000 cartuchos antimotín, chalecos, cascos y escudos antibalas.

Pero más allá de las relaciones bilaterales entre dos países, recientemente se han revelado importantes filtraciones que podrían demostrar que el Partido Popular, se ha financiado ilegalmente a través de Venezuela.

Francisco Correa sacó 150.000 euros de Venezuela burlando el control financiero chavista. Son sobradamente conocidas las relaciones entre Francisco Correa y la financiación ilegal del Partido Popular. Correa fue uno de los principales responsables de la trama Gürtel. Actuaba como intermediario para negociar las comisiones que las empresas adjudicatarias de obras públicas entregarían al PP. Las licitaciones en las que intervenía eran de todo tipo: «Carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, etc..

El hermano del ex presidente de la Comunidad Ignacio González, ahora en prisión, está siendo investigado por negocios y comisiones a través de Venezuela. A través de estas comisiones, Pablo González, benefició a su círculo familiar más cercano.

Las intervenciones telefónicas por orden judicial han revelado que el hermano del expresidente madrileño se puso en contacto con el Gobierno de Maduro a cuenta de un contrato. Las indicaciones fueron que debían subcontratar con una constructora determinada a la que plantearon facturar un 10% más para el pago de comisiones ilegales.

Nicolas Maduro adjudica a un imputado de la Gürtel un negocio petrolero. El Gobierno venezolano aprueba la constitución de una empresa mixta con Ramón Blanco Balín, presunto blanqueador del dinero de Correa, para explotar un yacimiento de crudo.

Calumnias y falsas acusaciones contra Podemos

La Justicia archivó en innumerables ocasiones las causas abiertas por la financiación de Podemos, El Tribunal Supremo desestimó incluso una denuncia contra Pablo Iglesias por el supuesto cobro de más de 272.000 dólares del Gobierno venezolano, desmontando las falsas acusaciones vertidas por el periodista Eduardo Inda.

Podemos ha sido perseguido políticamente con calumnias y falsedades con el único objetivo de frenar el cambio político en España. La justicia siempre les ha dado la razón, todo lo contrario que al Partido Popular. Por la boca muere el pez.