La idílica relación entre Ciudadanos y Partido Popular en Murcia ha terminado, o al menos es lo que puede deducirse de las declaraciones que hizo Miguel Sánchez, portavoz del partido naranja en la región, tras la reunión que mantuvo este jueves con Pedro Antonio Sánchez, presidente autonómico y del PP en ese territorio. Ante la negativa de Pedro Antonio Sánchez de dimitir tras ser citado como investigado (anteriormente conocido como imputado) por supuestas irregularidades en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de dicho municipio, el portavoz de Ciudadanos iniciará contactos con el PSOE de Murcia para “buscar soluciones conjuntas a la crisis institucional más grave” sin rechazar ninguna vía posible, como pueda ser una moción de censura.
El PP de Murcia, por su parte, se limita a asegurar que el pacto se está cumpliendo alcanzándose los objetivos propuestos, a pesar de que en el punto primero del mismo se afirma que los cargos electos serán cesados en caso de que estén imputados y no cuando haya condena. El presidente de la comunidad en su día aseguró que dimitiría en caso de que fuera imputado y lejos de hacerlo, se reafirma en su buena gestión manteniéndose en el cargo para lo que cuenta con todo el apoyo de la cúpula su partido.
España, suma y sigue
La situación de Murcia es extrapolable a toda España. En las encuestas la corrupción se mantiene entre las primeras preocupaciones de los ciudadanos y los informativos inician todos los días su programación con casos de corrupción.
Parece que los supuestos esfuerzos que está haciendo el Gobierno en su lucha contra las prácticas corruptas son insuficientes.
Así lo confirma el informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2016 desarrollado por Transparencia Internacional (TI). España se sitúa en el puesto 17 de los 28 de la Eurozona manteniéndose por debajo de la media.
A nivel global está en el puesto 41 de 176 países que participan en el estudio, ubicándose por debajo de naciones como Uruguay, Bostwana, Emiratos Árabes Unidos, Cabo Verde, Brunei o Lituania.
De esto puede entenderse que los ciudadanos continúan percibiendo la impunidad y la politización de la justicia. Los responsables públicos apenas responden por los cargos por los que se les enjuicia, contando con el amparo legal e institucional; incluso se llega a casos tan inverosímiles como el de aquel funcionario que ganaba 50.000 € al año sin haber pisado nunca su lugar de trabajo.
Por ello TI propone que se lleven a cabo reformas que frenen la impunidad generalizada por la corrupción que afecta a países como España, subrayando la conveniencia de acabar con los indultos por corrupción política, reducir los aforamientos (España es el país europeo con más aforados), despolitizar los órganos constitucionales, terminar con el clientelismo político y restar poder a los partidos políticos en beneficio de la sociedad civil. Parece que aún queda un largo camino por recorrer.
