Cada día son expulsadas de sus casas, unas 43 familias en Cataluña. Así lo ha manifestado la Plataforma de Afectados por la #Hipoteca en la presentación de las medidas que la organización quiere llevar a cabo y que tienen como objetivo garantizar el derecho a la vivienda y al alquiler social tal y como se recogen en la ley catalana de #Desahucios y pobreza energética. Los datos forman parte de la información que, respecto a estos casos, tiene el Consejo General del Poder Judicial y además, indican que éstos, pese a lo que podría pensarse en un primer momento, no hacen más que aumentar. Según esta misma información se han producido 68.000 desalojos durante los últimos 7 años y de ellos 16.000 se han producido durante el pasado 2015.

La PAH ha enmarcado estas declaraciones dentro de lo que será una jornada de protestas contra el #PP por el recurso del Tribunal Constitucional por invasión de competencias del Estado en torno a la ley catalana de desahucios y de pobreza energética.

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El TC alega que la ley asume competencias propias del Estado y que no corresponden a una Comunidad Autónoma y además alega que el dicha ley incumple el principio de igualdad de los ciudadanos recogido en la Constitución. Frente a esta postura la PAH pretende convertir la campaña electoral en un mal sueño para el Partido Popular al que culpa por haber impugnado la ley antidesahucios. El representante de la plataforma, Carlos Macías, ha dejado bien claro que: "No podemos permitir que el PP siga gobernando" y por ello iniciarán una serie de actuaciones con la intención de boicotear la campaña electoral de los populares. 

Entre las medidas no queda claro si volverán a repetirse los escraches frente a las sedes que ya se cometieron durante la pasada campaña, pero sí que se pretenderá demostrar que el PP forma parte de la banca que es la que tiene intereses en desahuciar a los vecinos que no pueden pagar sus inmuebles.

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Carlos Macías también ha alentado al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat a que se siga cumpliendo la ley recurrida (lo que podría llevar a Ayuntamiento y Generalitat a la comisión de un delito ya que si una ley queda en suspenso no puede aplicarse) y pide a ambos organismos que se aumenten las multas y los expedientes sancionadores a los propietarios de viviendas vacías .