Despolitizar una televisión pública no debería ser tarea complicada: basta con acatar los principios elementales del periodismo y dejar que los profesionales de la Información decidan los contenidos sin interferencias de los gobernantes de turno, imponiendo la condición de servicio público del medio por encima de todo lo demás.

Un poco de historia

En Telemadrid este modelo funcionó con cierto éxito desde su fundación en 1989 hasta 2003, periodo que abarcó dos legislaturas del socialista Joaquín Leguina y otras dos del popular Alberto Ruíz-Gallardón. Aquel año Esperanza Aguirre se hizo con la presidencia de la Comunidad de Madrid y decidió apropiarse también de Telemadrid.

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El servicio público se convirtió de facto en propiedad privada. La manipulación más impúdica se convirtió en norma de estilo. Los periodistas no politizables -y, por tanto, no cómplices con el nuevo modus operandi- fueron apartados de la redacción de Informativos. El gasto se disparó porque la dirección tuvo que contratar a toda una redacción paralela y se firmaron contratos ruinosos con productoras amigas. El festín tuvo consecuencias nefastas: cada año que pasaba Telemadrid se alejaba un poco más de los madrileños (el share cayó del 17% en 2003 al 4% en 2015) y los ingresos por publicidad menguaban. Como solución imposible al desastre, el Gobierno de Ignacio González aprobó un ERE -no ajustado a derecho, según el propio Tribunal Supremo- que condujo al despido de la práctica totalidad de la plantilla.

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Se salvaron del drama todos los directivos y la redacción paralela.

¿Y ahora qué?

El acuerdo de investidura firmado por PP y Ciudadanos tras las elecciones del 24 de mayo incluye el compromiso de despolitizar y profesionalizar Telemadrid. Tiene cierta gracia que sea Cristina Cifuentes quien afirme que la televisión pública madrileña necesita recuperar "el rigor y la veracidad", reconociendo implícitamente el daño causado por Aguirre y González. Pero es legítimo preguntarse si la nueva presidenta madrileña va a retornar, con el apoyo de Ciudadanos, al modelo profesional y no politizado previo al desastre. Hechos recientes indican que no va a suceder así.

La ley obliga al Parlamento a constituir un nuevo Consejo de Administración para Telemadrid al inicio de cada legislatura. El PP ostentaba la mayoría absoluta desde 1995, pero la nueva composición -establecida por ley matemática- otorga ahora 3 consejeros a PP y PSOE, 2 a Podemos y 1 a Ciudadanos. Mayoría, por tanto, de izquierdas en el órgano de Telemadrid donde se toman las principales decisiones.

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PSOE y Podemos firmaron antes de las elecciones -junto a IU y decenas de asociaciones- el Pacto por una nueva Telemadrid, documento diseñado para garantizar la pluralidad e independencia de la televisión pública. En el acto, celebrado en la Asociación de la Prensa de Madrid, José Manuel López (Podemos) citó a la BBC como medio de comunicación de referencia. No deja de ser curioso que Ignacio Aguado (Ciudadanos) se negase a firmar aquel pacto para apelar también al modelo de la BBC cuando, tiempo después, acordó la investidura de Cifuentes.

En condiciones normales, el nuevo Consejo ya debería estar constituido -según El País, el diputado socialista Modesto Nolla envió la petición el mismo día de la investidura de Cifuentes- pero tanto PP como Ciudadanos tienen intención de dilatarlo sine die con el pretexto de "cambiar la ley con la intención de despolitizar Telemadrid", eufemismo algo perverso que encubre una realidad más tangible: cambiar la ley, sí -pero en un plazo de seis meses; es decir, sin demasiada prisa- para evitar que PSOE y Podemos hagan valer su mayoría en el Consejo y puedan aplicar el Pacto por la verdadera despolitización de Telemadrid.

La maniobra esconde otro objetivo: con elecciones generales a la vista -Rajoy ha insinuado que serán en noviembre- Telemadrid dispondrá durante los próximos meses de munición suficiente para librar una batalla más, esta vez con la complicidad de Ciudadanos. #Sociedad Madrid