Según los datos extraídos del diario El País, el pago de primas a jueces, fiscales y secretarios judiciales. Por colaborar en un proyecto de renovación tecnológica, efectuado por el Gobierno Autonómico de Madrid. A través de la empresa privada Indra con contrato con la empresa publica Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM).

Más de 200.000 euros entre 32 juristas, no pudiendo por ley recibir retribuciones de empresas privadas. Esto unido, a una posible facturación falsa del gobierno autonómico, e Indra y la relación contractual entre las dos empresas. Ha obligado a la audiencia nacional a investigar dichas irregularidades, y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a dar explicaciones de la aceptación de estos pagos que provenían de la Consejería de Justicia de Madrid por medio de su filial 100% pública (ICM).

Mientras que las relaciones contractuales entre las dos empresas, están siendo investigadas por el juez Eloy Velasco miembro de la Audiencia Nacional, en el marco de la operación púnica con la certeza de que en el pasado, hubo emisión de facturas falsas entre el gobierno de Ignacio González, y la empresa Indra, a la que le fue adjudicado el proyecto de mejora tecnológica.

Esta misma empresa, fue contratada para el desarrollo de aplicaciones informáticas en la consejería de educación, en este caso no se ha pagado a ningún profesor, o personal docente por su colaboración. Según la ley, la función de juez es incompatible "con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella."

En cuanto a la relación entre Indra y el ICM están siendo investigadas entre otras irregularidades por el pago de 10.000 euros que supuesta-mente hizo Indra a un informático, Alejandro de Pedro, implicado en la trama, por mejorar en Internet la imagen del consejero Salvador Victoria, y del propio presidente autonómico Ignacio González.