El terrorismo de Estado se ha convertido en una política de gobierno indispensable para perpetuarse en el poder el régimen venezolano. La revolución socialista ha hecho a través de las armas y el control social lo que le ha venido en gana.
El gobierno no admite discrepancias ni disidentes, quien sea un enemigo potencial debe desaparecer. La propaganda de Estado, la creación de grupos paramilitares, el control de las fuerzas armas, manejo a su antojo de los poderes públicos, la eliminación de la ecuación del parlamento venezolano y la destrucción de los cuerpos policiales con ética, dio al gobierno el control total para la imposición de ideas y lineamientos políticos, económicos y sociales sin forma de hacer contraposición.
Práctica del terror en Venezuela
El empleo desmedido de la fuerza para controlar las manifestaciones sociales son cosas del ayer, Venezuela convulsionó y lo hizo saber al mundo exhibiendo las matanzas a estudiantes desarmados tanto en 2014 como en 2017. Mostró como el gobierno a través de los cuerpos de seguridad y los grupos paramilitares de civiles armados adeptos al gobierno atacaron sin escrúpulos a la ciudadanía; se dejó en evidencia los vicios del poder judicial venezolano y el poco valor por la vida que tienen estos individuos sobre sus gobernados.
El secuestro de periodistas, estudiantes y familiares de militares desertores, las torturas ejecutadas en contra de civiles, los crímenes de lesa humanidad supusieron el día a día de los venezolanos durante el régimen de Nicolás Maduro.
Pero ¿Que mejor forma que cometer otra barbarie que a 15 días de haber iniciado 2018?. Pues así fue, denominada por la prensa y la comunidad nacional e internacional como: "La masacre del junquito".
Donde el gobierno, demostró su mas desalmada acometida contra quienes lo contrarían, el empleo de mas de 400 efectivos de seguridad, paramilitares y maquinaria bélica para hacer frente a un grupo de no mas de 7 insurrectos armados liderados por Óscar Pérez, el ex-piloto del CICPC quien lideró varias operaciones en contra del régimen venezolano en 2017.
En esta ocasión el gobierno no dio orden de captura, la intención siempre fue la misma; dar a matar.
Durante la operación el grupo declaró su rendición por la presencia de civiles en la casa donde se hallaban, exigieron la presencia de un fiscal en la escena y se vieron dispuestos a negociar y deponer las armas, pero esto ciertamente pareció no importar.
El enfrentamiento se produjo y mostró el uso excesivo de la fuerza, el empleo de lanza cohetes "RPG", granadas de mano y francotiradores; la intención de capturar a Pérez era nula y la de preservar la vida de los civiles si quiera pareció interesar.
Pérez grabó lo sucedido, desde su inicio hasta que se perdió la comunicación. El ejecutivo no dio declaraciones de los hechos hasta las 48 horas siguientes, los cuerpos no aparecían y los familiares de las victimas no pudieron identificar los cuerpos hasta pasadas las 72 horas, el gobierno queriendo eliminar la evidencia decidió no permitir ver los cuerpos y enviarlos al crematorio; solo permitieron ver los rostros, a lo cual las actas de defunción dejaron en claro que los sujetos fueros dados por muertos, producto de un disparo en la cabeza.
Entre las victimas del operativo se hallan los nombres de: Daniel Soto (30), Abraham Ramos (30), José Alejandro Díaz, Óscar Pérez (36), Jairo Ramos, Abraham Agostini (36), y Lisbeth Ramirez (30), quien presentaba un estado de embarazo avanzado; aproximadamente 8 meses. Domingo 21, finalmente se conoce el paradero del cuerpo de Óscar Pérez; el cual ha sido enterrado en horas de la madrugada fuera del horario de servicio del cementerio del este. En las instalaciones solo se contó con la presencia de dos familiares de la víctima y funcionarios de la guardia nacional, custodiando el sepelio.
Este suceso, resulta ser la actuación mas reciente, vil y burda de terrorismo de Estado del gobierno Venezolano.
Durante el operativo y los días posteriores al incidente se violó: Derechos humanos, El derecho internacional humanitario, la constitución de la república bolivariana de Venezuela, la ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio funerarios y Cementerios de Venezuela y hasta 6 acuerdos internacionales de los cuales Venezuela es parte. Hoy lunes 22, la sociedad civil se vuelca nuevamente a las calles en reclamo del respeto a los derechos humanos, medidas humanitarias y rechazo a la acontecimientos sucedidos a lo largo de la semana del 15 de enero.
