El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, propondrá hoy en el Debate del Estado de la Unión que todos y cada uno de los 27 estados miembros, ya sin el Reino Unido tras su inminente salida, formen parte de la Eurozona y del Espacio Schengen.

Así, Juncker abandona la idea de la Europa de dos velocidades, que daba la posibilidad a cada país de integrarse en la Unión en la medida que desearan, para conseguir para el año 2019 una unificación de fronteras, monedas y una unión bancaria.

Actualmente la Eurozona está integrada por 19 países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

Incorporar al resto de los 27 estados miembros a la zona euro puede ser un proceso que conlleve varias dificultades. Muchos de ellos tendría que afrontar importantes reformas y otros, como Dinamarca, votaron en referéndum su intención de quedarse al margen.

Esquema de reformas

El presidente de la Comisión Europea presentará también un esquema creado por Bruselas para facilitar la incorporación en la Eurozona de los países que tengan más dificultades. Además, para que el plan de Juncker salga adelante, la UE habrá de promover la adhesión al espacio Schengen de Bulgaria, Rumanía, Chipre, Irlanda y Croacia, todavía reticentes a integrarse a un espacio de libre circulación y de apertura de fronteras.

Otros de los temas que tratará Juncker en su discurso del estado de la Unión serán principalmente de economía, comercio y de migración.

Un discurso con el Brexit en mente

Con la próxima salida del Reino Unido de la Unión, la Comisión trabaja en cómo afrontar las negociaciones del Brexit con las autoridades británicas. La primera ministra, Theresa May, aprobó ayer en el Parlamento británico una ley que deroga el acta de adhesión del Reino Unido a la Unión Europea.

Se trata de un primer visto bueno al cuerpo legal que tratará de adaptar las normas comunitarias a la legislación británica.

La ley fue aprobada por 326 votos a favor y 290 en contra. Aunque el partido Conservador no tiene la mayoría en el Parlamento, consiguió su aprobación con el apoyo del Partido Democrático Unionista (DUP) del voto de siete diputados laboristas, que rompieron la disciplina de voto.

Una vez superado el trámite en la Cámara de los Comunes, el gobierno británico se enfrenta a la tramitación parlamentaria, en la que el texto se revisa metódicamente por comités y será examinado también por diputados de todos los partidos que podrán presentar enmiendas.