Ya contamos en este diario que Puerto Rico va de mal en peor en su situación económica, que le ha llevado a la quiebra. Ello pasa por que EE.UU. decidió cambiar su estatus y eliminar sus privilegios fiscales, que le beneficiaban y permitían que grandes compañías estadounidenses invirtieran allí. Tuvieron que pedir préstamos y emitir deuda, lo que ha agravado la situación.
Ahora, con una deuda de más de 73.000 millones de dólares, el Gobernador Ricardo Rosselló ha decidido pedir que se aplique el Título III de una Ley al país, cuya crisis ahoga a la población puertorriqueña, tres millones de habitantes en un territorio de unos 7.000 kms2, como la Comunidad de Madrid.
Rosselló consiguió que la deuda con los acreedores fuera pagada poco a poco, a unos 800 millones anuales. No contará con ninguna ayuda económica ni rescate de la Administración Trump, por que el magnate se negó a ello durante la campaña electoral y sigue en sus trece.
La deuda y la devastación en el país es compleja. El Gobierno local tuvo que hacer muchos recortes para sanearla en lo que pudieran. Hay un 45 % de pobreza en los habitantes puertorriqueños, y últimamente, 200.000 han emigrado a EE.UU. Para pagar la deuda, Rosselló solicitó acogerse al Título III de la Ley Promesa, para que así, un Tribunal especial administre la deuda y decida cómo se paga. La Ley Promesa la aprobó el Congreso de EE.UU., cuando la Administración Obama, que permite colaborar con puerto rico en sus necesidades económicas.
Puerto Rico lo ha intentado, y se ha visto incapaz de pagar su gigantesca deuda. El Gobernador espera que ese Tribunal especial pueda ayudar a pagar la nómina de empleados públicos y que la población se sienta menos asfixiada.
Por otro lado, Rosselló quiere convocar algún día un referéndum en Puerto Rico para preguntar a su pueblo qué futuro quieren: o seguir siendo Estado Libre Asociado, o ser un país independiente, o integrarse en EE.UU.
como su Estado 51. El Gobernador es de los que apoyan la tercera vía, algo a lo que se oponen otros partidos políticos implantados en el país. Claro que también hay otros que piden que Puerto Rico vuelva a ser colonia española, aunque muy minoritarios.
En este diario, un colaborador informó de la conversación de una diputada aragonesa con un español de origen puertorriqueño en este asunto de que la isla vuelva a depender de la antigua metrópoli. Es, como hemos dicho, algo minoritario, pues los habitantes del país caribeño prefieren su propio estilo de vida, que les llevan a defender la lengua española como oficial en su territorio, frente al omnipresente inglés de EE.UU.
