Después del intento de golpe de Estado, el gobierno turco ha declarado el Estado de excepción en el país. Este durará tres meses, según el presidente Erdogan en la noche del jueves, tras la reunión especial del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete en Ankara. Bajo este Estado de excepción, Erdogan puede gobernar mediante decreto. Por este motivo, derechos básicos como el derecho de reunión y el de libertad de prensa pueden ser vulnerados o limitados.

Erdogan argumentó el Estado de excepción con el artículo 120 de la constitución. Dicho artículo permite dicho paso cuando se “producen hechos que propician la destrucción de la libertad y el orden democrático” o cuando “peligra el orden público”.

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El cierre debe ser publicado y mediado por el Parlamento, de quien depende la aceptación de dicho estado de excepción, su disminución, su rechazo o su alargamiento.

Los profesores universitarios tienen prohibida la salida del país

Tras el intento del golpe de Estado el Consejo de Seguridad Nacional acordó con Erdogan que se llevaría a cabo una limpieza en el ejército que hasta los años 2000 dominaba al gobierno turco, aunque ahora solo juegan un rol de estadistas.

El miércoles continuó la limpieza. Después de que el martes fuesen despedidos 15200 profesores de colegios públicos, 21000 profesores de colegios privados perdieron sus licencias. Asimismo los funcionarios universitarios tienen una prohibición de viajar al extranjero. En total 1577 rectores y decanos se ven afectados por esta medida.

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De este modo se pretende esconder que son críticos con el gobierno actual. Aquellos funcionarios y alumnos universitarios que están en el extranjero han sido llamados a volver. Por otra parte, se quiere comprobar dentro del funcionariado universitario quiénes pertenecen al movimiento de oposición a Erdogan.

Algunas organizaciones de #Derechos Humanos esperan que esta limpieza y caza de brujas puede llevar a nuevas olas migratorias de exiliados en dirección hacia Europa. Los expertos advierten, además, de que la caza de brujas en el ejército y el aparato de la seguridad nacional pueden tener consecuencias negativas en la lucha contra el terrorismo y debilitar a la misma.