Este martes la presidenta de Chile Michelle Bachelet (Santiago de Chile, 1951) ha interpuesto una denuncia contra la revista "Qué Pasa" por injurias y calumnias al publicar supuestas grabaciones de Juan Díaz, un gestor inmobiliario de la empresa Caval, donde comenta que varios millones de pesos fueron destinados a la mandataria. El "Caso Caval" es un escándalo político que involucra a su hijo Sebastián Dávalos por tráfico de influencias. Poco antes de que Bachelet ganara un segundo mandato presidencial, Dávalos habría obtenido un crédito de diez millones de dólares a favor de Caval.

La denuncia contra la revista, propiedad del grupo Copesa (empresa periodística vinculada a la derecha chilena) ha sido interpuesta por la presidenta en calidad de ciudadana, lo que ha remecido al mundo periodístico nacional.

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Por su parte, el responsable de la publicación ha admitido que los contenidos de dichas grabaciones no fueron ni verificados ni tasados por el Ministerio Público, eliminado el contenido de su web y pidiendo disculpas a Bachelet por publicar gravísimas acusaciones que no cumplían con los estándares de dicho medio de comunicación.

Sin embargo, "Qué Pasa" se escudó atacando a Bachelet por coartar la libertad de expresión. En un comunicado argumentó que todas la autoridades se encuentran sometidas al escrutinio y fiscalización de los ciudadanos y en ese sentido los medios poseen una especial misión. Asimismo, han advertido que recurrirán a todas las instancias gremiales y jurisdiccionales tanto nacionales como internacionales. Al consultar al presidente del Colegio de Periodistas de Chile, ha sido claro al poner en tela de juicio la ética periodista de un medio que no compruebe fuentes ni la veracidad de las informaciones antes de ser publicadas, lo que supondría un grave estado de los medios de comunicación nacionales.

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Es de conocimiento público que tanto los medios del grupo Copesa como de la empresa El Mercurio recurren constantemente a este tipo de prácticas a favor del empresariado y las élites afines a sus propietarios. Ambos grupos tuvieron especial responsabilidad en la legitimación del Golpe del Estado de Augusto Pinochet y durante la dictadura militar en el país sudamericano. 

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