Poco a poco, se van produciéndose las reacciones de algunos de los personajes públicos de diversas índole, que se han visto de implicados directa o indirectamente en los “Papeles de Panamá”, desde el astro del fútbol #Lionel Messi, al presidente electo de Argentina Mauricio Macri, Vladimir Putin de Rusia, al cineasta Pedro Almodóvar o la infanta Pilar de Borbón, entre cientos de nombres. Con motivo de las revelaciones que supuestamente afirman haber utilizado en algún momento cuando menos, lo que se podría calificar como prácticas fiscales poco transparentes, utilizando sociedades y entidades denominadas en el argot del mundo de las finanzas, 'offshore'.

Es decir, instrumentos empresariales, cuya creación no es ilegal en la jurisprudencia internacional, pero que por su propia naturaleza -y así son calificadas por los expertos en materia económica-, tienen tendencia a ser usadas por despachos de abogados para operar en terceros países, muchos de ellos paraísos fiscales, salvaguardando los titulares de las mismas.

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Pero este extremo, es algo que siempre hay que demostrar con pruebas fehacientes, evidentemente.

Hay que señalar claramente, que la tenencia, y uso en su caso de este tipo de sociedades, siempre que se haga bajo la legalidad vigente, no es delito alguno.

Hay que comprender por un lado el revuelo mediático, y el impacto y sorpresa generalizadas que han tenido los archivos de los “Papeles de Panamá”. Pero no debemos olvidar algo fundamental. Hoy día, las democracias modernas viven cimentadas en lo que se conoce como “Estado de Derecho”. En donde son las leyes las que determinan en última instancia, el régimen de funcionamiento de la sociedad.

Estas informaciones han sido hecho públicas, tras una investigación global con cientos de periodistas y medios de comunicación de todo el mundo durante más de una año, centralizada desde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ubicada en Washington DC.

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Es necesario tener en cuenta que en principio, todas estas informaciones periodísticas hay que contrastarlas, -como parece ser que así ha sido, y de un modo además minucioso- para comprobar su veracidad. Tampoco debemos de cuestionar igualmente bajo el mismo prisma, la ética profesional de los medios de comunicación en general, y en particular, los que han llevado estas revelaciones a la luz pública. Por otro lado, los medios no pueden erigirse en jueces, ni dictar sentencias ni llevar a cabo juicios paralelos, sólo informar de modo veraz y ético. Unido todo ello, a que como recordamos estamos en un mundo donde prevalece el Derecho, conviene dejar claro que a cualquier persona implicada en cualquier causa se le presupone el principio de inocencia. Hasta que si fuera el caso, mediante los instrumentos legales, las autoridades competentes determinasen lo contrario.

Por tanto, hemos de aclarar que en este asunto, como en cualquier otro de este tipo, la presunción de inocencia debe prevalecer siempre, frente a posibles actitudes según las circunstancias que lleven quizás en algún caso, a un linchamiento mediático gratuito de nadie, sea quién sea, algo que no se debe tolerar en modo alguno.

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Ni es propio de las buenas prácticas del periodismo. Valga esta nota recordatorio de ello.

Por ello, hasta la fecha, debemos hablar siempre de las supuestas malas prácticas que se desprenderían del material que diversos medios de información han filtrado mediante los archivos de “Papeles de Panamá”. Y no de hechos probados en ningún caso. Y tampoco que en ese caso concreto, éstos fueran de naturaleza ilegal.