"Con las manos en la masa". Así definen algunos medios brasileños la detención del expresidente Lula da Silva este viernes por la Policía Federal, hecho que ha copado la mayoría de las grandes portadas del país. En una espectacular operación, las autoridades llegaron en torno a las 6.00 de la mañana a su residencia de Sao Bernardo do Campo (en Sao Paulo) para arrestarlo y trasladarlo a prestar declaración por su posible relación con la trama corrupta de Petrobras. Tras la detención, los agentes registraron su casa y, más tarde, otras propiedades como la sede del Instituto Lula y el domicilio de su hijo mayor, también en el punto de mira por haber incurrido supuestamente en algunas prácticas ilegales junto a su padre.

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Según el diario Folha de Sao Paulo, el exmandatario reaccionó con total tranquilidad cuando la Policía llegó a su casa para informarle de que era objeto de una orden de arresto y traslado coercitivo para prestar declaración, mientras que en los aledaños de su domicilio se concentraban decenas de simpatizantes y detractores del político. Se trata del golpe más duro que ha recibido hasta el momento, ya que la Fiscalía lo acusa de formar parte de un sistema de desvío de dinero que "favorecía a empresas que se enriquecían a costa de la estatal", llegando incluso a partidos que obtenían financiación de manera irregular. La red de #Corrupción de Petrobras, operativa entre 2004 y 2012, desvió supuestamente 10.000 millones de reales (unos 3.200 millones de euros) de la petrolera.

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Ahora, todo este entramado ha llegado a las puertas de Lula, de quién la Policía asegura que existen pruebas que demuestran que participó y se benefició de esta trama. Tras el arresto, las propias autoridades confirmaron que en esta nueva fase de la denominada 'Operación Lava Jato' se han emitido un total de 44 órdenes judiciales, de las cuales 11 son de traslado coercitivo. Después de varios intentos, los abogados del expresidente no pudieron lograr que quedase exento de ser interrogado, y lo será incluso fuera de Sao Paulo, concretamente en Curitiba, donde se encuentra el juez encargado de la investigación.

Además, en esta nueva fase de la operación se están investigando delitos como corrupción, lavado de dinero y ocultación de patrimonio, todo ello en el marco de la trama delictiva vinculada a Petrobras. A su vez, también se están llevando a cabo órdenes de registro en Río de Janeiro, Guarujá, Bahía, Salvador y en la sede de la constructora Odebrecht, la cual pagó la reforma de dos viviendas que frecuentaba Lula.

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Todas estas órdenes de registro llegan horas después de que saliese a la luz pública que el senador Delcidio Amaral habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía para implicar a Dilma Rousseff, actual presidenta, y a Lula en esta trama. Posteriormente, su equipo legal desmintió dicho acuerdo, aunque fueron varios medios de comunicación los que adelantaron la noticia.

Antes de la posible implicación, la propia Rousseff salió rápidamente a la palestra para defender su inocencia y desvincularse totalmente del caso. "Seguiremos defendiendo que la presunción de inocencia vale para todos y no se puede sustituir por la presunción de culpa", señaló. Lo que está claro es que nunca un caso de corrupción había llegado tan alto en el país, y por ello los efectos de esta operación pueden ser desastrosos para el Gobierno brasileño y para Lula, que guardaba esperanzas de volver a ser candidato a la presidencia en 2018. Tras la presión de los últimos días, aún es una incógnita si mantendrá o no está decisión.

Lo anecdótico en el arresto del expresidente es que justo el día antes se difundía un testimonio perteneciente a un delator del caso Petrobras, el cual aseguraba que Lula había ordenado sobornar a varios de los detenidos a cambio de su silencio ante la justicia. Ahora el silencio lo deberá guardar él mismo mientras la justicia decide quién es quién en esta investigación que está suponiendo todo un terremoto para el país sudamericano.