Ayer, miércoles 23 de marzo, se cumplió la fecha límite que habían pactado el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el  jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, para la firma de un acuerdo de paz definitivo en Colombia. 

Poco tiempo atrás, el ministro de #Gobierno Juan Fernando Cristo, había anticipado que existían ciertos desacuerdos que impedirían llegar a un acuerdo y sugirió una prórroga hasta junio de la fecha de firma. 

Así lo confirmó ayer en La Habana, Cuba, Humberto de la Calle, jefe de la delegación negociadora del Gobierno, cuando advirtió que todavía "subsisten diferencias importantes" con las FARC y que "para el gobierno el acuerdo que se logre no puede ser un acuerdo cualquiera.

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Tiene que ser un gran acuerdo, el mejor acuerdo posible para los colombianos". 

De la Calle subrayó que la firma del acuerdo implica iniciar un proceso de desarme que contemple la destrucción de las armas, el cierre de las fábricas clandestinas de armamento, y la abstención de la compra de armas y pertrechos. Este proceso de desarme es la condición que exige el gobierno para incorporar a los guerrilleros a la vida civil y política. 

Hacia el final de su declaración el representante del gobierno aseguró que seguirán esforzándose por conseguir un acuerdo de paz definitivo, pero que esto requiere de decisiones prontas, ya que ambas partes no estarán indefinidamente en La Habana. Tras la jornada la delegación negociadora gubernamental regresará a Colombia. 

Iván Márquez fue el encargado de leer la declaración de las FARC, que planteó un cronograma de negociaciones a lo largo del año y señaló que se esforzarán para que el año 2016 sea el año de la paz.

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La guerrilla planteó su compromiso para "apresurar el cese de la confrontación armada", por lo que es necesario resolver temas cruciales como el cese bilateral del fuego, la amnistía, el proceso de desarme, y la garantía de participación popular y seguridad jurídica.