Saltó el escándalo en Colombia. Un nuevo caso de corrupción ha vuelto a provocar las miradas avergonzadas de toda la región latinoamericana hacia Colombia, donde el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, fue señalado ayer mismo como el cabecilla de una red de prostitución masculina que se hacía llamar 'la comunidad del anillo', la cual involucra también a prácticamente toda la Escuela General de Santander, en Bogotá, y que además llevaría en funcionamiento desde 2006.

Por si no fuera suficiente, este escándalo sexual se cobró el mismo día su primera víctima política, que fue nada más y nada menos que el viceministro de Interior, Carlos Ferro, quien abandonó su cargo después de que la emisora colombiana La FM se hiciera eco de un vídeo que data de noviembre de 2008 y que evidencia la existencia de esta red de prostitución, involucrando a varios congresistas que habrían actuado en complicidad con un capitán y algunos oficiales de la Policía.

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En dicho vídeo se puede apreciar a un alto cargo del cuerpo de Policía indagando sobre las preferencias sexuales del 'número dos' para cerrar una cita.

Pues bien, ante este revuelo ocasionado y a pesar de que declaró en un comunicado que no dimitiría, el propio Rodolfo Palomino también se ha visto obligado en la tarde de hoy a renunciar a su puesto. Según afirmó a varios medios de comunicación, Palomino le pidió al presidente, Juan Manuel Santos, abandonar el cargo para poder defenderse de todas las acusaciones recibidas tras el escándalo y evitar que esta polémica salpique a la institución que hasta hoy dirigía. "No soy culpable de los cargos que se me imputan, pero a pesar de todo dejo con orgullo mi uniforme después de 38 años de servicio", afirmó en su despedida junto a sus familiares y compañeros.

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La apertura de una investigación formal contra el director de la Policía Nacional se produce tras observar "diversas irregularidades" en los hechos por parte de la Procuraduría de Colombia, la cual ha llevado a cabo durante dos meses una investigación preliminar para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados en la trama, incluido el propio general Palomino, quien no solo lideraba el cuerpo de la Policía Nacional, sino también, al parecer, la red de prostitución. Y no solo eso. Palomino puede pasar una larga estancia en prisión si la Fiscalía considera como delitos de cárcel el proxenetismo, la inducción a la prostitución y la trata de personas de miembros de la Policía Nacional, además del seguimiento e interceptación ilegal a periodistas y un posible incremento patrimonial injustificado.

La investigación podría tener un enfoque penal si se demostrasen muchas de las pruebas que barajan las autoridades, entre las que se encuentran vídeos y testimonios de toda índole. Según las declaraciones de decenas de agentes, altos cargos del cuerpo de seguridad reclamaban los servicios sexuales de cadetes y alféreces a cambio de favores o de ingentes sumas de dinero. "El alférez Marín Guarín se acercó a mí para decirme que mi mayor, Torres Orjuela, le había pedido hace tiempo que mantuviese relaciones sexuales con el coronel Castellanos para cerrar el negocio de un vehículo Peugeot", afirmó el capitán César Andrés Ospina.

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Por su parte, el capitán Edwin Orjuela también declaró que "había recibido propuestas para tener relaciones sexuales con el coronel a cambio de sumas de dinero que iban desde 500.000 pesos hasta cuatro millones". Estas duras confesiones son las que refuerzan la labor llevada a cabo por la Procuraduría durante todos estos meses, la cual continua investigando la posible teoría que confirme que incluso un senador de la República podría estar relacionado con el escándalo. Sin duda, una lamentable imagen que deja en entredicho a las autoridades colombianas, las cuales deberían poner orden y seriedad entre sus filas, además de entonar el 'mea culpa' y condenar a los investigados si finalmente se demuestra la culpabilidad de todos ellos. #Corrupción