El juicio del caso Nóos ha arrancado el 11 de Enero en la Audiencia Provincial de Baleares. En el juicio, el fiscal Pedro Horrach ha citado a Manuel Azaña, el presidente de la II República, para defender a Cristina de Borbón, la hermana del Rey Felipe VI, y así intentar que abandone el banquillo de los acusados.

En la primera jornada de la vista oral, la Abogacía del Estado y el ministerio público han dado muchos argumentos para intentar convencer de que la hermana del Rey no puede ser juzgada como cooperadora de ambos delitos fiscales por los que se acusa a Iñaki Urdangarin, marido de la Infanta.

Las razones que dieron los acusadores públicos fueron la mejor baza para el abogado de la #Infanta Cristina, Jesús María Silva, que gracias a eso pudo aportar diez sentencias, siete de audiencias provinciales y tres del Supremo, que explican la doctrina Botín.

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Dicha doctrina impide que se juzgue a una persona por un delito fiscal si la Abogacía del Estado y la fiscalía no son los que han ejercido la acusación. Estuvo dieciocho minutos alegando el por qué se debería aplicar la doctrina Botín a Cristina de Borbón.

Todas las cuestiones previas se han concentrado en la primera jornada del juicio, es un trámite preliminar en el que ambas partes deben exponer al tribunal todas las causas que aconsejen que la vista oral se debe suspender o que anulen todas o parte de las actuaciones.

El fiscal ha expuesto un caso que ha tachado de idéntico al caso de Cristina de Borbón para reforzar sus alegatos. Con ese alegato la Audiencia Provincial de Vizcaya decidió que la acusación popular no podría abrir por si sola el juicio oral contra las personas que no eran objeto de acusación, ni tampoco por el ministerio fiscal, ni por la acusación particular, todo esto a raíz de la supuesta comisión de un delito cometido contra la Hacienda Pública.

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Dolores Ripoll, la abogada del Estado, se dedicó a cuestionar que el sindicato Manos Limpias acusase sólo por interés público. Dolores ha rechazado totalmente que una acusación popular se pueda ejercer sobre una base de acusación con la expresión “Hacienda somos todos”, porque la expresión fue creada para publicitar a hacienda y no como una frase que se pueda aplicar al derecho.