Durante la campaña electoral Mauricio Macri declaró con firmeza que, en su #Gobierno no habría jueces macristas, pero a pocos días de su asunción como presidente de los argentinos, después de ganar el cargo tras el ballotage de noviembre, Macri nombró a dos jueces, por decreto de necesidad y urgencia. En Argentina los jueces de la Corte Suprema, que este es el caso, los nombra el Senado de la Nación. Los candidatos a este cargo del #Poder Judicial, deben pasar por el estudio de sus capacidades para el cargo, por el juicio de senadores y ciudadanos, en una sesión pública. El poder Ejecutivo no puede designar jueces.

Macri justifica los nombramientos amparándose en el art.

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99 de la Constitución Argentina, que habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo. En dicho artículo los siguientes apartados se relacionan con el DNU del presidente Macri.

Refiriéndose al poder Ejecutivo dice que:

4 . Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.

19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.

El apartado 19, cuando dice empleos, se refiere justamente a empleados, denominación que no involucra ni incluye a los cargos de los jueces de la Corte Suprema De la Nación.

No solo el art. 99 de la Constitución limita al Poder Ejecutivo para las designaciones en cuestionamiento, sino que también existe el Decreto 222 de 2003, en el que se definieron las facultades del Poder Ejecutivo para los nombramientos de jueces.

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Repercusiones

Después de las designaciones, las repercusiones fueron abundantes, la oposición en general estuvo en desacuerdo con este proceder al que se calificó de inconstitucional. Esta apreciación fue ampliamente compartida por expertos juristas independientes.

En el día de la fecha se hizo lugar a un amparo, presentada por ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien dictaminó lo siguiente:

“ Que se inician las presentes actuaciones con la presentación de Mariano José Orbaiceta, con el patrocinio letrado de la Dra. Lorena Herrera, que en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 16.986, interpone acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional y pretende se declare la nulidad del Decreto nro. 83/2015 publicado en el Boletín  Oficial el 15 de diciembre pasado, mediante el cual se designó como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los Doctores Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti en los términos del artículo 99 inc. 19 de la Constitución Nacional.-Explican que a través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia  judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta.-“