El pasado viernes el #Gobierno peruano aprobó la creación de un registro de víctimas de esterilización forzada, buscando así identificar el universo de personas afectadas por la política de planificación familiar mediante anticoncepción quirúrgica voluntaria, que se desarrolló bajo la Administración del expresidente Alberto Fujimori durante su último mandato (1995-2000). Mediante su identificación se pretende garantizar el acceso de estas mujeres —y en menor medida hombres— a la justicia, atención sanitaria y psicológica y acompañamiento social a través del Ministerio de la #Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Esta medida llega tras las múltiples denuncias, informes y campañas como “Contra su voluntad” realizada por Amnistía Internacional, a través de los cuales se constató que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que se “vendió” desde el gobierno como una política publica para frenar la natalidad, combatir la pobreza y promover el desarrollo del país, realmente tenía como objetivo controlar la demografía peruana “a través de la esterilización de mujeres jóvenes peruanas, en su mayoría de origen indígena, zonas agrícolas, barrios pobres y quechuhablantes”, según afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro.

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Por su parte, un colectivo de 12 médicos expuso que “fueron obligados bajo amenazas de sanciones a aplicar las ligaduras forzadas a 60 mujeres por día en condiciones infrahumanas y en casos de negación fueron despedidos, con denuncias calumniosas de mala praxis”. Estos testimonios fueron corroborados por distintos documentos expedidos por el gobierno en los cuales se imponían cuotas progresivas de captación y operación de mujeres bajo amenazas de despido si las mismas no eran alcanzadas.

Por ello, no es de extrañar que la Comisión Especial instituida en 2001 señalase que el ministerio de Salud “esterilizó a 331.600 mujeres, y en más de 2.000 casos—ya registrados y denunciados— lo hizo sin consentimiento informado, o mediante engaños, coacción o soborno”.

Estos actos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la mano de los familiares de Mamerita Mestanza, una de las 44 víctimas mortales de esta práctica.

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Gracias a esta denuncia la Corte llegó en 2003 a un acuerdo con el Estado peruano, mediante el cual este último se comprometía a “investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los políticos implicados, y a reparar a las víctimas”. Aunque el gobierno peruano comenzó a realizar investigaciones que han sido tachadas de vagas e incongruentes, no fue hasta 2010—fecha en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó al Estado peruano su compromiso— cuando comenzaron verdaderamente las investigaciones. A pesar de esto, el expresidente Fujimori fue excluido por el Ministerio Público del caso de las esterilizaciones forzadas el año pasado y han tenido que pasar más de 13 años para que se crease el registro.

La creación de este registro es sólo un primer paso para que las miles de mujeres peruanas que fueron intervenidas quirúrgicamente sin su consentimiento durante el segundo mandato de Alberto Fujimori consigan la justicia que se merecen tras ver como fueron vulnerados sus derechos a la integridad corporal, salud, intimidad, vida familiar y a la no discriminación.

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#Medicina