Una vez más México vuelve a ser protagonista de los informes de la Organización de Naciones Unidas (#ONU) así como de las denuncias de organizaciones no gubernamentales (ONGs) como Amnistía Internacional con motivo del aumento de los casos de tortura que se han ido dando el país latinoamericano durante los últimos diez años. Y es que a pesar de contar con un amplio marco jurídico en el que se han ratificado tratados y documentos tanto en el plano internacional, regional como nacional –entre los que destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y la propia Constitución mexicana–, la realidad que viven los ciudadanos de este país es muy diferente.

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Actualmente se ha multiplicado el número de denuncias de prácticas utilizadas comúnmente en la denominada “lucha contra el crimen”, que engloban desde asfixia, abuso sexual y choques eléctricos y palizas a nivel federal hasta ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. Cabe mencionar que en numerosas ocasiones estos abusos de autoridad produjeron el fallecimiento de las víctimas y que estos actos se producen especialmente “entre la detención y la puesta a disposición de la justicia, con fines de castigo e investigación”. Recordemos que México es uno de los pocos países del mundo donde el detenido es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Como consecuencia Juan Méndez, Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, y Zeid Ra’ad al Hussein, titular de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitaron este país en abril de 2014 y octubre de 2015 respectivamente para recabar información sobre la realidad de estas violaciones contra los derechos humanos y presentar un informe posteriormente.

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En ambos documentos se hace especial hincapié en el hecho de que la tortura en México es una práctica generalizada en casi todos los cuerpos policiales, como así lo corroboran los datos de la encuesta realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que revelaron que “el 57,2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención y el 34,6% dijo haber sido forzado a modificar una declaración”, así como las más de 2.403 denuncias que se han contabilizado hasta finales de 2014, lo que supone un aumento del 737% sólo en los últimos 2 años según los datos aportados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, quienes cometen estos actos gozan de una impunidad casi total, ya que sólo un 5,7 de los enjuiciamientos por tortura desembocan en condena.

Teniendo en cuenta los datos precedentes, no es de extrañar que “el 64% de los mexicanos y mexicanas tengan miedo de ser torturados si son arrestados” como así afirman las encuestas realizadas por Amnistía Internacional.

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La realidad mexicana muestra unas cifras alarmantes y una clara #Crisis en materia de derechos humanos, por lo que si el gobierno mexicano desea recuperar la confianza de la ciudadanía y comunidad internacional, debe reconocer este problema y tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar este comportamiento, asegurando así justicia para las víctimas y el cumplimiento de la ley. #Gobierno