El proceso de paz en Colombia pasa por uno de sus momentos más delicados. El pasado miércoles, en una operación del ejercito colombiano al sur del país, en el departamento de Caquetá, murieron cuatro guerrilleros y otras dos guerrilleras fueron heridas.

Este ataque, según un comunicado de las FARC publicado en su propia página web, ha roto "la credibilidad y la confianza" en el Gobierno Colombiano. La "Delegación de Paz", que representa a la guerrilla en la mesa de negociación, pondrá los hechos en conocimiento de los países garantes del proceso (Cuba y Noruega) y los países acompañantes (Venezuela y Chile). También pedirán reunirse con los enviados especiales de Estados Unidos, Bernard Aronson; la #Unión Europea, Eamon Gilmore; o el alemán Tom Koenigs para informarles acerca de las dificultades sobre el mantenimiento de la tregua.

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No es la primera vez que peligran las conversaciones para la paz, ya que se han dado acciones de este tipo por ambas partes en estos años.

El Ejecutivo colombiano afirma que las FARC no respeta el alto el fuego y la acusa de no frenar las hostilidades contra la población civil. Desde el Ministerio de Defensa afirman que estos guerrilleros se dedicaban a "extorsionar a agricultores, ganaderos, campesinos y demás comerciantes de la zona, con quien recaudaban más de 5.000 millones de pesos semestrales".

Pero lo cierto es que el Gobierno de Juan Manuel Santos parece estar decidido a seguir adelante con el proceso, que se inició oficialmente en 2012, y ha propuesto un alto el fuego bilateral a partir de enero de 2016. Un proceso polémico para el presidente colombiano, que tras su segunda victoria electoral en las presidenciales de 2014, se siente legitimado para continuar adelante con las conversaciones.

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El Gobierno, a pesar de la oposición de sectores cercanos al expresidente Uribe, militares y conservadores, cuenta con el apoyo de liberales, progresistas y organizaciones sociales (campesinas, estudiantes, indígenas, empresariales y eclesiásticas).