La oposición de #Venezuela ha pedido a la Corte Internacional Penal de La Haya que investigue al Gobierno presidido por Nicolás Maduro por la muerte de 43 manifestantes opositores, centenares de heridos y más de 3.000 detenidos. Los hechos, a los que se refiere la denuncia, sucedieron en unas protestas contra el Gobierno bolivariano iniciadas en Febrero del 2014, y cuyo caso particular más conocido es la detención y procesamiento del opositor Leopoldo López.

Una comisión encabezada por el político venezolano Carlos Vecchio, coordinador del  Partido Voluntad Popular, se personó ante la Fiscalía para entregar personalmente la denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya y afirmó que "lo que estamos buscando es que exista un pronunciamiento rápido en la Corte Penal Internacional  para que no se sigan cometiendo delitos en Venezuela y exista justicia para las víctimas".

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Junto con la denuncia se entregó una lista extensa y confidencial con los nombres de las víctimas. Junto a estos nombres, también se enumeran los responsables de las delitos denunciados. Estos nombres corresponden a funcionarios, altos cargos del Gobierno, gobernadores, miembros de la Fiscalía y mandos militares. 

El gobierno de Venezuela ha desmentido categóricamente tener cualquier tipo de responsabilidad y asegura no tener nada que ver con ninguno de los crímenes que se le imputa. La versión del oficialismo es que aquellas protestas fueron organizas por la "extrema derecha" en un intento de derrocar al "Gobierno legítimamente elegido". A su vez, el Ejecutivo apunta como culpables, de los crímenes denunciados, a quienes estuvieron detrás de las protestas.

Estas declaraciones se enmarcan en medio de la denuncia del fiscal del caso de Leopoldo López, Franklin Nieves, que aseguró que todo ese proceso judicial fue una farsa y que le obligaron a inventarse pruebas bajo amenazas .

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Finalmente el político opositor fue declarado culpable de intentar desestabilizar Gobierno y fue condenado a 13 años prisión.