La Fiscalía Nacional Económica de Chile, ha denunciado a CMPC Tissue y SCA Chile (ex PISA), compañías líderes en el mercado papelero, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por colusión que hoy afecta a la ciudadanía y economía del país.

Este hecho se dio a conocer el 29 de octubre tras una investigación que comenzó en el mes de diciembre 2014. 

Gabriel Ruiz Tagle, ex propietario de PISA, y Jorge Morel, gerente general de CMPC, mantuvieron incrementos de precios por 11 años consecutivos. Entre el 2000 y 2011 se manipularon los precios dentro de farmacias, supermercados y cadenas mayoristas.

El pacto ilícito generó para Ruiz Tagle y Morel, 400 millones de dólares en ventas anuales que representa un 90% del mercado de papel higiénico.

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Los contactos entre estos dos personajes, y otros directivos de las #Empresas, fueron estratégicamente planeados para no generar sospechas. Las reuniones ocurrieron en diversos lugares, tales como un club de golf en las afueras de Santiago de Chile y un cuartel de bomberos en la zona oriente de la capital. Su comunicación también se ejecutaba a través de nuevos correos electrónicos, móviles prepago y cartas impresas dirigidas a sus residencias privadas.

En marzo del 2015, CMPC accedió a la delación compensada que le absolvió de una multa a cambio de reconocer su participación en el caso. Sin embargo, la empresa ha anunciado la renuncia de su gerente general y la desvinculación del cargo de otros altos ejecutivos involucrados. SCA no corrió la misma suerte ya que al ser el segundo en pedir la delación compensada, no está absuelto de la multa.

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En su caso, la empresa está obligada a pagar alrededor de 15  millones de dólares (20 mil unidades Tributarias Anuales).

La creación de este cartel se considera uno de los casos más graves de colusión dentro del país. Esto se debe a su larga duración y efecto masivo en el mercado.

La presidenta de la nación Chilena, Michelle Bachelet, dio a conocer que “es un hecho de máxima gravedad”, “…un abuso que perjudica a las personas, la economía, la confianza y la imagen de nuestro país”.

Hoy, la ciudadanía critica que la mayor pena por tales delitos se sancione con multas o clases de ética. La presidenta también ha comentado que se presionará por la aprobación de un proyecto de ley que busca sancionar las acciones ilícitas con cárcel y multas mayores. #Corrupción