En horas de la tarde del miércoles 29 de julio, en la localidad de La Yagura, Estado Aragua, Venezuela,  funcionarios de un tribunal venezolano se hicieron presentes en el sector, acompañados de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, para notificar la necesidad de desalojo de las instalaciones argumentando que el área ha sido seleccionada para  la construcción de viviendas, en virtud del programa gubernamental denominado Misión Vivienda cuyo fin es dar soluciones habitacionales a los venezolanos.

La zona afectada por la medida expropiatoria, proveniente presuntamente del ejecutivo nacional, afecta un polígono industrial dentro del que se encuentran #Empresas como Pepsi Cola (Empresas Polar), Alimentos Polar, Nestlé, Cargill, Praxair y hasta un galpón de la gigante textil española Zara. El abogado Jesús Graterol, representante de los trabajadores de PepsiCo en La Yaguara, informó que el Tribunal otorgó 60 días a la empresa para que se cumpla con el desalojo.

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La medida aplicada llega en un momento crítico para las relaciones entre el ejecutivo y la empresa privada venezolana. En este sentido, Nicolás Maduro y el tren ejecutivo acusa al sector privado de dirigir una conspiración en su contra dentro de lo que él llama "La guerra económica", y que según él sería la causa de la #Crisis nacional.

El mayor afectado por la medida es el grupo empresarial Polar (PepsiCo y Alimentos Polar), mayor productor de alimentos y empleador privado del país. El presidente de esta organización ha sido amenazado públicamente por el Presidente Maduro de tomar acciones contra Polar si no rectifica en sus acciones conspirativas.

Empresas Polar por su parte, ha hecho del conocimiento público que la compañía está produciendo al máximo todos los rubros y que han cubierto todas las inspecciones gubernamentales con éxito, a la vez que pone la lupa sobre la falta de productividad de las empresas expropiadas por el #Gobierno revolucionario, así como la falta de asignación de divisas extranjeras para la adquisición de materia prima que no se produce en Venezuela.

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La crisis político-económica de Venezuela se encuentra en un punto crucial que se debate entre la escasez, la delincuencia y la conflictividad política de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de diciembre, en el que el chavismo afronta el duro reto de mantener el poder que ha ejercido durante 16 años. Los bajos índices de popularidad de Nicolás Maduro vienen marcados por denuncias de violaciones a los DDHH, la inflación más alta del planeta, y un riesgo país que con estas nuevas expropiaciones hará menos atractivo el territorio venezolano para la inversión extranjera.

A pesar de que la expropiación por causa de utilidad pública es una medida consagrada en la legislación venezolana, la Constitución establece la necesidad de pago de un precio justo por los bienes expropiados, así como el derecho a la defensa. De esta actuación ha trascendido la irregularidad de su aplicación, en horas de la noche, sin acceso a expedientes y, como muchas expropiaciones anteriores, la no verificación del pago de las instalaciones.

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En medio de la alta escasez de productos, la polémica medida seguramente afectará el sistema de distribución de alimentos y demás bienes, que se llevaba a cabo en dichas instalaciones en uno de los polígonos industriales más importantes del país. Se espera en las próximas horas una alocución presidencial en el que se informe de este procedimiento contra la empresa privada venezolana.