El lunes 22 de junio de 2015, en horas del mediodía venezolano, tras un retraso injustificado y de forma imprevista, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la resolución mediante la cual se convoca a las #Elecciones de la Asamblea Nacional de ese país, desde donde se ejerce el poder legislativo. La fecha escogida es el 6 de diciembre de este año. Asimismo Lucena informó que el registro electoral de nuevos votantes se mantendrá abierto hasta el 8 de julio. Los candidatos podrán postularse entre el 3 y el 7 de agosto. La campaña electoral será desde el 13 de noviembre hasta la medianoche del 3 de diciembre.

Lucena atacó nuevamente las matrices de opinión que ponen en tela de juicio su imparcialidad y la del órgano que preside, mas no manifestó razones que justificasen el retraso en la convocatoria a las elecciones parlamentarias, teniendo en cuenta que para el anterior proceso de la misma entidad, lo hizo con casi ocho meses de antelación.

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Con esta decisión se da respuesta a las múltiples solicitudes de la oposición democrática que mantenían altos niveles de presión al CNE, entre ellas, huelgas de hambre de dirigentes opositores encarcelados como Leopoldo López. Lucena y varios miembros del Consejo Nacional Electoral han estado bajo la mirada de la ciudadanía opositora que les acusan de ser un brazo político del poder ejecutivo y del Partido Socialista Unido de Venezuela, siendo la evidencia más clara la participación de Lucena, su presidenta, en actos proselitistas para celebrar la memoria del fallecido Hugo Chávez.

Asimismo, la fijación de la fecha de elecciones parlamentarias sirven de válvula de escape a la presión que ejerce la crisis social y económica que atraviesa ese país, con proyecciones de índice inflacionario que supera el 160% conforme lo publicaba el mismo día Bank of America.

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La oposición venezolana confía en la victoria en dicho proceso electoral ante la confirmación por parte de todas las empresas encuestadoras del país de un descontento generalizado con el #Gobierno que preside Nicolás Maduro, entre ellas Datanalisis, quien estima la popularidad de éste en menos de un 20% de los venezolanos.

Fijada como fue la fecha, y con la mira puesta en el 6 de diciembre, a la oposición le queda otro reto: decidir si acudirán a ese proceso bajo la figura de la tarjeta única, aglutinados en la Mesa de la Unidad Democrática, o si cada partido lo hará de forma independiente. Asimismo, deberá erradicar el fantasma de la abstención y convencer a sus conciudadanos de que, aunque las circunstancias sean adversas, con una mayoría sólida podrán ganar un proceso electoral y controlar el parlamento unicameral para poder dar alternativas verdaderas a los 16 años de revolución.

El propio Consejo Nacional Electoral deberá demostrarle al 60% de los venezolanos que le desaprueba según la última encuesta de Datanálisis, que es un órgano imparcial y que, a diferencia de procesos anteriores, se permitirá a las organizaciones políticas aglutinadas en la oposición concurrir en igualdad de condiciones con el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien pareciese tener patente de corso para vulnerar la normativa electoral.

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El mundo estará observante del proceso electoral venezolano, anunciándose desde ya observación de UNASUR, bajo el cuestionamiento de la oposición venezolana. Con la fecha decidida ahora lo que queda es ofrecer alternativas a los venezolanos y a su tan machacada realidad económica y social.