Los agentes de Bangladesh fueron a acusar al dueño del complejo Rana Plaza por asesinato, por el colapso de la construcción en 2013 que mató a más de mil personas.

El dueño del complejo Rena Plaza, y más de una docena de funcionarios del gobierno, están entre las cuarenta y dos personas que enfrentaran los cargos debidos.

Se les acusaran a todos por ignorar todas las advertencias, permitiendo que los trabajadores estuvieran trabajando en el edificio el día antes de que se derrumbó. Fue el mayor y peor desastre industrial de la historia del país y no solo eso, también será la mayor crítica de las prácticas comerciales globales.

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Cuarenta y una de las personas acusadas de asesinato que incluirán a todos los dueños de las fábricas ubicadas en los complejos gubernamentales, se enfrentaran primeramente a la acusación de homicidio negligente.

Los fiscales dieron su opinión sobre la gravedad del accidente, haciendo que los cargos se hayan cambiado totalmente al cargo de asesinato. Si son declarados culpables, los cuarenta y un acusados ​​se enfrentan a la mayor de las penas, la de muerte. Dieciocho personas, entre ellos diecisiete de los acusados ​​de asesinato, fueron acusados ​​por construir el código de violación.

La fiscalía comentó que el dueño de Rena Plaza ahora deberá nombrar a un abogado que le defienda antes del proceso judicial.

El hecho de que se haya tomado más de dos años para presentar los cargos formales en relación con el derrumbe de la fábrica ha llevado a las claras acusaciones de que los funcionarios estuvieron entreteniendo durante todo el proceso de investigación.

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Esto a hecho que surjan dudas sobre la voluntad del #Gobierno para llevar a los culpables ante la justicia. Estos dueños de fábricas en Bangladesh tienen todo el poder político para influir al completo en la política gubernamental.

Ante esto los investigadores sostienen que no ha sido una tarea tan sencilla o fácil, ya que han tenido que grabar las declaraciones de más de mil personas, incluyendo a todos los trabajadores de la fábrica que estaban heridos por el derrumbe y los funcionarios gubernamentales. Además, estuvieron trabajando bajo la mirada y la presión de algunos políticos, funcionarios de estado y algunos propietarios de fábricas que estuvieron tratado de obstaculizar la investigación para evitar que ciertas personas acusada se llevaran los cargos.