El 20 de mayo el Parlamento Europeo aprobó una enmienda que exige a las empresas europeas un mayor control en su cadena de suministros para asegurarse de que sus productos no contienen minerales procedentes de zonas en conflicto. Próximamente comenzará el diálogo entre los dos órganos legisladores de la #Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, con la supervisión de la Comisión Europea para tratar de llegar a un reglamento que afectaría a unas 880 mil empresas europeas, según estimaciones de la Eurocámara.

Pero, ¿por qué esta enmienda puede marcar la diferencia? Hasta el momento, las empresas europeas no han tenido ninguna obligación de dar a conocer el origen de los materiales que emplean en su proceso de producción.

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Este hecho es particularmente importante en el caso de los conocidos como 'minerales en conflicto' abarcados por la enmienda. Éstos son el oro, el estaño, el tantalio (del que procede el coltán) y el tungsteno, empleados fundamentalmente por los sectores del automóvil, la aeronáutica y la electrónica. Así, estos minerales son imprescindibles para la fabricación de aparatos como teléfonos móviles u ordenadores portátiles.

Dichos minerales juegan un papel clave en la perpetuación de la violencia en lugares como Colombia, República Centroafricana o República Democrática del Congo. En el caso de esta última, que concentra el 80% de las reservas de coltán en el mundo, el conflicto ha causado la muerte de 5 millones de personas y la violación de 100.000 mujeres cada año, de acuerdo con datos de la ONG ALBOAN.

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Así, la importancia de una ley de estas características radicaría en convertir en obligatoria la identificación de la procedencia de estos minerales "de acuerdo a un procedimiento igual para todas las empresas europeas y que pueda ser auditado por autoridades y fuentes externas", explica Gerardo Ríos, coordinador del equipo de empresas en Amnistía Internacional España. Este procedimiento dificultaría que el comercio de estos minerales beneficie a los grupos armados.

La incidencia política

Ahora la pieza clave en el proceso es el Consejo de la Unión Europea, compuesto por los ministros del ramo de los 28 países miembros de la UE. Las organizaciones de la sociedad civil están comenzando a realizar una labor de incidencia con dichos gobiernos. ALBOAN pertenece a la red europea EURAC y ésta, como informa Mary Tere Guzmán, coordinadora del área de Acción Política y Redes de ALBOAN, se va a encargar de abrir espacios de diálogo con los ministros de Asuntos Exteriores de los distintos gobiernos.

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Desde Amnistía Internacional también se va a proseguir con el trabajo de incidencia con diversos actores políticos. En el caso español, como indica Ríos, se desconoce la posición del gobierno, pues, a pesar de que la organización le ha preguntado acerca de ella, todavía no existe pronunciamiento alguno.

En todo este proceso, la ciudadanía también juega un papel fundamental, como indica Guzmán: "En la medida en que nuestros políticos vean que el asunto es más conocido y que tenemos más apoyo ciudadano seguramente nos escucharán más como ha sido el caso de los parlamentarios".

No obstante, los lobbies de las empresas también pueden poner en riesgo el proceso. Como señala Pedro Pozas, director ejecutivo del Proyecto Gran Simio, "toda medida que afecte a las multinacionales y que no sean económicamente beneficiosas, son paradas o reducidas por estos lobbies que deberían prohibirse en un sistema que se supone democrático". #Ecología