El 14 de abril, el Partido Socialista Unido de Venezuela, haciendo uso de su mayoría en el Parlamento, aprobó la moción propuesta por Diosdado Cabello, presidente del mismo, para suprimir la elección universal, directa y secreta de los diputados al parlamento latinoamericano y, en su lugar, establecer su designación a través del órgano legislativo que preside.

El Parlatino es una asamblea regional con sede en Panamá cuya principal función es la defensa de la democracia y la integración de los pueblos latinoamericanos. Creado en 1964 mediante la Declaración de Lima, en sus estatutos contempla que cada Estado Miembro decidirá la forma de escogencia de sus representantes.

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En Venezuela, desde 1998, se escogen estos parlamentarios a través de elección universal, directa y secreta. En la última elección del 2010 fueron votados 12 diputados al Parlamento latinoamericano por más de 11 millones 600 mil electores, cuyo periodo culmina este año 2015, lo que generó el debate sobre la convocatoria a nuevas #Elecciones.

La polémica decisión de suprimir la elección se realiza sobre el argumento esbozado por Cabello quien indicó que el estatuto del parlamento otorga la posibilidad a cada Estado de fijar la forma en que se realizará la designación de sus representantes y que para la bancada oficialista es fundamento suficiente para cambiar la forma de designación, sin afectar derechos fundamentales.

Aunque la Constitución de Venezuela no establece una disposición expresa sobre el Parlatino, si contempla en su preámbulo, un conjunto de principios fundamentales como el ser una democracia participativa y no representativa, basada fundamentalmente en la decisión del pueblo en procesos electorales, y así lo ratifica en su artículo 5 que dispone que la soberanía reside directamente en el pueblo.

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Esa soberanía se ejerce a través del voto. Esta realidad se ha plasmado en las normas de rango legal como la Ley Orgánica del #Poder Electoral (art. 33, °7) que hace mención a la elección al parlamento latinoamericano, entre otros procesos electorales. También la elección al Parlatino es referida como fundamental para la ley orgánica que protege a las comunidades indígenas y su derecho al sufragio para escoger sus representantes ante esa instancia internacional.

El principio de la progresividad de los DDHH (consagrado en la Constitución venezolana en su art. 39) implica que no se puede conculcar un derecho existente, por ello el tecnicismo argüido por Cabello no es más que una forma de imponer un criterio político sobre las normas constitucionales y legales.

La diputada al Parlatino, Delsa Solórzano en su cuenta de twitter consideró la decisión del poder legislativo venezolano como un atentado a la Constitución. La también parlamentaria Ana Osorio consideró inconveniente la decisión y que correspondería al Tribunal Supremo determinar lo conducente.

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La Asamblea Nacional, con mayoría oficial, desvirtuó el concepto de democracia participativa a pesar de la existencia de normas que refieren la necesidad de realizar elecciones populares para el Parlatino y la naturaleza del voto como Derecho Humano.

La situación política, social y económica de Venezuela, aunada a las encuestas poco favorables a la actual administración (aprobación menor del 25%), pueden dar indicios de las verdaderas razones. Esto hace que aumenten las dudas sobre la realidad de la democracia venezolana que parece encontrarse en un momento de debilidad que amerita la atención de la comunidad internacional. #Libertad