Como un Cónsul en la Roma Republicana. La noche del pasado lunes 9 de marzo, Nicolás Maduro (Caracas, 1962), emitió un comunicado de más de dos horas por televisión y radio en el cual declaró sus intenciones de solicitar una ampliación de poderes a la Asamblea Nacional. Dicha solicitud no es algo nuevo en el panorama político venezolano, pues el presidente ya disfrutó de dichas capacidades durante el 2014, pero reducidas únicamente a materia económica, con el fin de paliar el efecto de la crisis que se cernía sobre el país. En este caso, sin embargo, tras las sanciones de EEUU a siete de sus oficiales, todo apunta a que serán requeridas en materia de seguridad y orden público.

Dicho anuncio llega cuando las relaciones bilaterales entre ambos países se encuentran en la cuerda floja: en Diciembre, el Senado estadounidense ya pasó leyes para bloquear los activos de algo más de un centenar de altos cargos venezolanos, responsables según Washington de la represión a las protestas de febrero del pasado año en Venezuela, donde hubo 43 muertos.

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Actualmente, las protestas continúan, avivadas por la crisis económica que arrastra su economía (ya en Diciembre Maduro asumió que el país bolivariano se encontraba en recesión), pero muy limitadas, tanto por la ferviente purga de opositores que se lleva a cabo sistemáticamente desde Caracas, como por la autorización del ejecutivo de Maduro del uso de armas de fuego el pasado Enero para controlar manifestaciones y reuniones públicas.

Esta mano dura de Maduro para con la oposición nacional, tanto en la política como en la sociedad civil, lleva despertando críticas desde su toma de posesión en 2013, y no únicamente en países occidentales o aliados de EEUU, sino en órganos como la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya desde las mencionadas protestas de Febrero de 2014 manifestando una profunda preocupación por la situación del Estado de Derecho en el país bolivariano.

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Internamente, la oposición lo considera un símbolo de su falta de liderazgo, y gran parte de los venezolanos consideran que ha sobreexcedido los límites de Chávez. La incesante persecución, investigación y acusación de una gran parte de los miembros de la oposición (Ledezma, Machado, Ceballos, López, Borges...), así lo prueba.

Analistas venezolanos han tildado también a Nicolás Maduro como como equivocado respecto a las ideas del chavismo, sobre todo en materia económica. "El problema de Maduro-dice Víctor Álvarez, economista de izquierdas y ministro con el régimen del "Comandante"-, es que cree que nada del legado de Chávez puede ser tocado, cambiado o remodelado, por considerarlo traición." Agregó también que "Mucho antes de la muerte de Chávez en 2013, se veía que el chavismo necesitaba cambios para llevar al país por el buen camino (en materia económica)". Estas críticas son complementadas con el rechazo a la estrategia de culpar de la situación del país a otros actores como EEUU.

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De no ser así, "Maduro se vería obligado a asumir la crisis en toda su magnitud, y con ella lo defectuoso del modelo de Chávez", completa Álvarez.

Mientras tanto, el presidente recalca la inminencia de "una invasión estadounidense", y azuza a la nación a colaborar con la causa de la Revolución mediante unas maniobras militares nacionales el próximo sábado. Escudado por las declaraciones de apoyo de sus aliados regionales (Cuba, Ecuador, Bolivia), apela a la "solidaridad latinoamericana" para frenar esta invasión, mientras que, simultáneamente, se mueve vía parlamentaria para conseguir una ampliación de poderes debido a la urgencia de la situación, como un Cónsul en la antigua Roma Republicana. Con el cerrojo en política exterior echado y el estado de guerra a punto de ser declarado, la vida política venezolana seguirá su curso, pero con un Maduro más paranoico y poderoso, y un país más en silencio (o acallado).