Según han declarado varios medios, este lunes 5, los actuales relatores de la #ONU (David Kaye, Maina Kiai, Michel Forst, François Crépeau y Ben Emmerson) han firmado un comunicado en el que se crítica duramente la nueva "ley mordaza" y la reciente reforma del Código Penal, presionando para que dichas reformas sean retiradas o modificadas. Según afirma dicha organización, estas medidas podrían suponer una gran amenaza para los derechos básicos de un Estado democrático.

Los expertos por el cumplimiento de los derechos humanos no se han cortado un pelo, enunciando  frases como "Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas" esta en concreto citada por David Caye, responsable de mantener y asegurar la libertad de expresión y opinión.

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En cuanto al Código Penal, la ONU se ha quejado del desproporcionado poder que la ley da a las fuerzas del orden. Por otro lado, sobre el hecho de que en España se pueda criminalizar una manifestación pacífica, también se habló, y se dijo "la llamada 'ley mordaza' vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental".

En el comunicado, también se mostró  la preocupación por la duda (en mi opinión hecho) de que todas estas propuestas  de carácter restrictivo, pudieran ser la respuesta del gobierno a las numerosas manifestaciones que se han producido en España a causa de la penosa situación  económica, social y política.

Una de las "brillantes" reformas introducidas por el gobierno de Rajoy, en la que se pretende legalizar las apodadas "deportaciones exprés"  fue, al igual que las demás, duramente criticada por la ONU.

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Según el consulado, esta nueva medida, que permitirá exportar en caliente a todo aquél que osara cruzar la valla de Ceuta o Melilla choca con "las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos".

La ONU recalca sobre todo que dichas leyes no son nada claras y precisas ya que "podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo" y "a restricciones desproporcionadas el ejercicio de la libertad de expresión".