De entre los 11,5 millones de documentos filtrados de personajes influyentes que, a través del despacho de abogados Mossack Fonseca en Panamá, gestionaban empresas fuera del radar nacional, algunos nombres han empezado a despertar la indignación popular. Entre ellos el del primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson que, junto a su mujer, utilizó la compañía Wintris Inc. para desviar la atención de millonarias inversiones en bancos internacionales, justo cuando la #Crisis azotaba Europa. A pesar de haber desmentido las acusaciones, Gunnlaugsson se ha visto forzado a dejar su puesto hace tan solo unas horas, ante la presión de la sociedad que se ha echado a las calles para pedir su dimisión.

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La información, que primero fue difundida por un medio alemán, el Sueddeutsche Zeitung, y después a nivel internacional a través del Colectivo Internacional de Periodismo de Investigación, ha provocado también reacciones de gobiernos e instituciones en numerosos países, entre ellos España, Reino Unido, Australia, Francia o Brasil.  La Agencia Tributaria y Fiscalía españolas ya han anunciado que investigarán a todos aquellos que aparezcan en los documentos y han adelantado que aquellos que sean declarados culpables de algún delito tendrán sanciones de hasta el 150% de los bienes no declarados. Entre los afectados en España estarían los hermanos Almodóvar, que ya han adelantado no realizarán declaraciones al respecto, o la tía del rey Felipe, Pilar de Borbón. A nivel internacional destacan los nombres de presidentes como el ruso Vladimir Putin o el argentino Mauricio Macri o deportistas como Leo Messi, aunque es previsible que las investigaciones desvelen cientos de nombres más.

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Países como España no reconocen a Panamá como un paraíso fiscal, gracias a un acuerdo firmado en el año 2011 sobre intercambio de información. A pesar de ello, la UE sí lo incluye en su lista negra debido a la facilidad de creación de sociedades que ofrece el país y el favorable ambiente fiscal. Estas particularidades permiten la acumulación de empresas offshore, aquellas que se inscriben en países distintos a aquellos en los que se crearon que, a pesar de no incurrir en una ilegalidad,  muchas veces son utilizadas con fines ilegítimos, como la ocultación de patrimonio o para beneficiarse de impuestos más favorables.   

En España, la gravedad de las acusaciones y la relación de confianza existente entre ambos países, han provocado las declaraciones de la embajadora de Panamá en España, María Mercedes de la Guardia Corró. La embajadora se ha apresurado a ofrecer la colaboración del país centroamericano con la agencia tributaria española, en aras de facilitar el acceso a la información de los ciudadanos implicados y descubrir si éstos  incurrieron en algún tipo de delito fiscal, tales como la evasión de impuestos o el blanqueo de capitales.

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La embajadora ha señalado también la poca tolerancia que su país tiene con este tipo de prácticas y ha recordado que menos de un 20% de las empresas implicadas e investigadas eran de titularidad panameña. De hecho, a pesar de que el país ocupa todos los titulares estos días, la mitad del total de estas sociedades han sido creadas en el tradicional paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas.

  #Unión Europea #Denuncia