Este martes 26 de abril, ha tenido lugar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, la celebración de la vista oral que ha reunido a todas las partes demandantes y demandadas acerca de las cláusulas suelo. Éstas se incluían en las hipotecas firmadas en entidades financieras españolas

Aunque los tribunales españoles ya se han pronunciado, el TJUE, tendrá la última palabra sobre si las mismas han de ser anuladas o si además de la nulidad han de ser retroactivas, al momento en que se firmó la hipoteca. Se estima que no habrá sentencia hasta dentro de 3 o 4 meses.

En las hipotecas, las cláusulas suelo son aquellas que establecen que el cliente pagará un tipo de interés mínimo, aunque el Euribor esté por debajo.

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Es decir se trata de una cláusula que normalmente se ha ido introduciendo en las hipotecas firmadas con tipo de interés variable (el 90%). Esto es que el tipo de interés que se va a abonar va a depender de la evolución del Euribor. Si el Euribor sube un mes, pero baja dentro de tres meses,  el tipo de interés también lo hará en consecuencia. Así la cláusula suelo se introducía para no depender de estas oscilaciones, sino para que el cliente pagara un tipo mínimo. 

Según doctrina del Tribunal Supremo, sentada en mayo de 2013 con ocasión de demandas contra entidades financieras por este motivo, declaró que estas cláusulas no eran ilegales en sí mismas, siempre que el banco informara debidamente y con transparencia a sus clientes sobre ellas, y que en los casos en que sentenció que no se había dado la suficiente información, declaró la nulidad de las mismas pero no la retroactividad.

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Es decir que no obligaba a las entidades financieras a devolver lo indebidamente obtenido.

Recientemente el pasado 6 de abril, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, con ocasión de una demanda colectiva interpuesta por ADICAE contra 40 entidades en representación de 15.000 consumidores, sentenció la nulidad de las cláusulas suelo abusivas, condenando a las mismas a resarcir a sus clientes desde mayo de 2013. 

Ahora el TJUE, deberá decidir sobre si las entidades financieras han de devolver a sus clientes lo indebidamente cobrado desde mayo de 2013, o desde el momento en que firmaron las hipotecas. Se calcula que si sentencia sobre lo segundo, podría tener un coste de 10.000 millones de euros en el sector financiero español.

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