La extradición de Sergio Morate, vuelve a cuestionar los límites entre el triángulo conformado por lo legal, lo policial y lo jurídico. La legislación española y los acuerdos firmados entre la Comunidad Europea determinan qué causas pueden o no ser sometidas a este requerimiento.

Actualmente coexisten 2 clases de extradiciones, la activa y la pasiva. En la primera, un Estado pide a otro la entrega de una persona. La pasiva es cuando, ese Estado al que se le ha solicitado la entrega, lo hace efectivo.

España puede pedir una extradición, siempre y cuando, sean españoles que hayan delinquido en territorio nacional, contra la seguridad exterior del país en el extranjero, cuando deban ser juzgados en España o cuando así lo permitan las leyes internacionales.

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Dentro de los acuerdos firmados por la Comunidad Europea existe un principio de reciprocidad, es decir que los Estados suelen ajustarse a los procesos judiciales del país que solicita la repatriación de una persona.

Otro principio al que se convenido es de legalidad: solo se concede la extradición por aquellos delitos que estén tipificados por ley. Las causas por las que puede negarse un Estado a extraditar a un sospecho o condenado son aquellas consideradas delitos leves o no perseguibles, así también, aquellos considerados como delitos políticos y militares. #Unión Europea #Gobierno