Los salarios con los que tienen que vivir los españoles no son aceptables. Así de contundente se revela el informe elaborado por el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa.

Tras evaluar en los distintos países miembros el cumplimiento de la Carta de Derechos Sociales y de su protocolo adicional, este comité ha concluido que tanto el salario de los empleados del sector público como el recibido en el sector privado "no garantiza un nivel de vida digno".

En este texto se agrega que la situación de precariedad laboral que se vive en nuestro país no cumple con lo establecido en el artículo 4 de la Carta de 1961 en la que se conmina a los Estados miembros de la Unión a garantizar unos salarios que garanticen la dignidad de sus trabajadores, tanto a nivel público como privado.



La radiografía de Europa a nuestro sistema laboral no queda ahí, y pone de manifiesto que, en algunos trabajos, se superan las 60 horas semanales, además de señalar la ausencia de medidas compensatorias para aquellos trabajadores que están en contacto con sustancias de riesgo.

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Por si esto fuera poco, desde Bruselas se señala al Estatuto de los Trabajadores español, indicando que este es incapaz de garantizar un incremento de la remuneración o de tiempo extra, a cambio de las horas extra trabajadas.

En materia de despidos, el sistema español también suspende, ya que según este comité el preaviso realizado a los trabajadores, tanto indefinidos como temporales, "no es razonable".



No todo son palos. El Comité Europeo de Derechos Sociales asegura que en España no hay discriminación salarial en función de sexos, dado que el empleador está obligado a realizar la misma retribución por el mismo #Trabajo, tal y como está indicado en el Estatuto de los Trabajadores.

Cabe recordar que la Carta Social Europea es un tratado del Consejo de Europa que tiene como finalidad los derechos sociales y económicos, tales como la vivienda, la salud, la educación, el empleo, la protección social y jurídica de las personas, su libre movimiento y practicar políticas activas de no discriminación.

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