Después de la pena de inhabilitación de once años impuesta a Baltasar Garzón, que ha significado el fin de su carrera como juez, por las escuchas ilegales de los cabecillas del caso #Gürtel en prisión, fue nombrado como sustituto provisional por dos años el juez Ruz, que posteriormente fue prorrogado en su cargo por otros dos años más. Actualmente es una de las piezas clave para desenmascarar toda la trama del caso en el que el Partido Popular y muchos de sus integrantes se encuentran en el punto de mira, entre varios otros casos de corrupción en España.

Y casualmente le cumple dicha prórroga el próximo 24 de diciembre.

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Y el #PP, aprovechando la coyuntura, pretende conseguir a toda costa que Pablo Ruz, que hace unos días declaró a Ana Mato como "partícipe a título lucrativo" por "haberse beneficiado" de regalos de la red de la trama Gürtel, lo que acabó provocando la dimisión de ésta como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sea apartado del caso al no ser renovado en el cargo, y de esta manera poder colocar a otro juez que sea más "cercano" a la calle Génova.

Para conseguir su propósito, los populares van a utilizar todo lo que se les ocurra para salir airosos. Y si, además, les sirve para matar dos pájaros de un tiro, mejor que mejor. Y esto es lo que han hecho con la vocal del Consejo General del Poder Judicial. Mercè Pigem, a la que han denunciado por estar trayendo 9.500 euros de Andorra hacia #Cataluña.

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Una denuncia de algo que no es ilegal y ni siquiera se trata de una irregularidad, ya que el límite de dinero que se puede pasar por la frontera sin declarar es de 10.000 €. Y gracias a que en estas fechas se está terminando de llevar a cabo la compra del 23% de las acciones de El Periódico de Cataluña por parte de José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta y que está al mando de los periódicos La Razón y Avui entre otros, y del grupo multimedia Atresmedia Corporación (en el que están los canales televisivos Antena 3, La Sexta, Neox y las emisoras de radio Onda Cero Radio y Europa FM), y que su ideología coincide en bastantes puntos con la del partido de Mariano Rajoy, se ha podido publicar en portada la noticia como si se tratara de el peor acto de corrupción que se ha producido en este país en los últimos siglos. Este despliegue mediático en contra de Mercè Pigem ha provocado que la vocal del CGPJ presente su dimisión en el cargo a su presidente, Carlos Lesmes, denunciando en ella una intencionalidad política para perjudicarla y manchar su honorabilidad, ya que no ha cometido ningún acto delictivo.

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El Ministerio del Interior filtró la información falsa de un delito inexistente a un medio de comunicación con una editorial "amiga", que no ha dudado en publicarlo a pesar de saber que no había nada ilegal en ello, con el firme propósito de provocar la dimisión de uno de los magistrados que forman parte de la comisión que debe autorizar la continuidad o no del juez Ruz en la Audiencia Nacional, y de esta manera tener más fácil la posibilidad de rechazar su permanencia y poder poner a otro juez en su lugar que esté predispuesto a ser algo más indulgente en el caso Gürtel, que de seguir en la línea que está llevando Pablo Ruz, pondría en serios peligros los resultados electorales en las próximas elecciones generales, ya bastante mermados con todos los casos de corrupción que están destapándose casi a diario y que implican a muchos políticos, la gran mayoría pertenecientes a las filas de los populares. Y de paso, ensuciar el proceso independentista catalán, como ya se intentó con la filtración a El Mundo de las falsas cuentas en Suiza del alcalde de Barcelona.

Parafraseando lo que dijo hace unas semanas el cantante Miguel Bosé, en una entrevista publicada en El Periódico de Cataluña por la presentación de su último disco, en referencia a la actuación del gobierno español frente a la ciudadanía, "Lo que hace el Gobierno es un insulto a la inteligencia; a la sensibilidad. Pecan de una arrogancia tremenda."