"El que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como reo de delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince años." (art. 616 del CP)

Este es el delito "en grado de tentativa" que el gobierno español achaca a la organización ecologista Greenpeace. La Abogacía del Estado de Canarias está preparando una querella en este sentido. La "pirata" es una activista de 21 años y unos 50 kg de peso que se disponía, ella sola, y armada con un arnés que muestra a las claras sus maléficas y destructivas intenciones, a asaltar una nave de 230 metros de eslora y 52.000 toneladas donde navegan 210 personas.

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Ante tal amenaza las patrulleras españolas que escoltaban al buque "Rowan Renaissance", propiedad de la multinacional petrolífera Repsol, no tuvieron más remedio que embestir brutalmente a las "zodiacs" bucaneras causando heridas graves a la activista antes mencionada y a un compañero suyo. Por si acaso no era ya un hecho suficientemente milagroso que la mujer pirata pudiese culminar la descomunal proeza de su abordaje, para más misterio sus heridas se produjeron, según el Ministerio de Defensa español, con las hélices de la propia lancha corsaria. El milagro consiste en que esta, al contrario que las patrulleras militares, no se mueve con hélices sino con un sistema de propulsión a chorro.

Los activistas de Greenpeace, acostumbrados a todo tipo de maltratos y agresiones en su defensa de los mares no daban crédito a lo que ocurría.

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"Peor que en Rusia", manifestaron. Y no es que Rusia se distinga precisamente por su trato cortés a los activistas de los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno español, no satisfecho con su ejemplar ejercicio de entreguismo a la multinacional del petróleo ha ordenado la detención y secuestro del buque de Greenpeace, Artic Sunrise, en el puerto de Lanzarote, exigiéndole una fianza 50.000 euros y enfrentándose a una posible multa de 300.000 por infracción muy grave contra la seguridad marítima.

Como paradoja, ese mismo artículo, el 308 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, pena los vertidos tóxicos al mar. Precisamente el peligro principal contra el que lucha Greenpeace y la sociedad canaria. La organización ecologista ha manifestado que ni multas millonarias ni embestidas lograrán pararles. Resta ver únicamente hasta donde más puede llegar el gobierno español en su defensa de Repsol. #Corrupción #Ecología