El aumento de la corrupción y la impunidad inciden en el ánimo de la población apagando la impronta instintiva de cambiar su realidad.

Desde que se concretara la transición española a nuestros días, los españoles han protagonizado cuantiosas protestas y manifestaciones expresando su sentir de forma multitudinaria y pacífica. Desencantados por la situación laboral, educativa, económica y por el comportamiento de los actores políticos de todos los partidos, los ciudadanos expresan en avenidas, plazas y calles su descontento reclamando medidas que mejoren sus vidas. No obstante y muy a su pesar, han comprobado una y otra vez que su voz no solo no es escuchada, sino que las dificultades para convocar y sumar voluntades de la población a causas sociales comunes, no ha servido para nada.

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Buena parte de la sociedad española está plenamente convencida de que salir a las calles e increpar a sus gobernantes por el trabajo insatisfactorio que han realizado, es una forma de participación ciudadana activa, quizás la única, desde su visión y reprochan a otros que las marchas por la salud, la educación, la sanidad, empleo y transparencia en la administración pública no sean lo bastante masivas como tendrían que ser. Dado que esos factores afectan a todos, tendrían que salir todos, incluso hacen responsables a esos que no se suman a las "mareas" humanas en las principales ciudades de España, de la ausencia de resultados y respuestas por parte del sector político y gubernamental, responsabilizan a vecinos y conocidos que no compartan el convencimiento de que las manifestaciones son el único canal a través del cual se pueden exponer ante el gobierno, la indignación y la inconformidad.

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¿Tienen razón? ¿Son suficientes las marchas, protestas y escraches como acción social generadora de cambios verdaderos?

De hecho, las evidencias apuntan en dirección contraria a la eficacia de las marchas y protestas. Tras la abdicación de Juan Carlos I de Borbón, se activaron varios mecanismos desde grupos frecuentemente enfrentados que también regularmente encuentran motivos para unirse (el PSOE "regala" su voto a favor de una ley expres de aforamiento de Juan Carlos de Borbón, la ley de abdicación y se olvida de otroras luchas por la III República). Mientras que el poder legislativo - casi en pleno - y el judicial apuraban la redacción y aprobación de una ley de abdicación exprés, un nutrido número de ciudadanos llegaron a Madrid el 19 de Junio desde distintos puntos de España para reclamar un referéndum para cambiar la forma de gobierno, o cuando menos, para expresar si deseaban la permanencia de la monarquía o mudarse a la República, y para ello, se acercaron a los puntos del recorrido de Felipe VI y Letizia I, de tal forma que supieran que no toda la población les quería representando al Estado Español.

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Aunque Cristina Cifuentes lo negó por activa y por pasiva, lo cierto es que la policía inspeccionó transeúntes y vecinos para asegurarse que no hubiese ningún icono republicano en los balcones de la ciudad capital. Se llevaron a cabo detenciones y se aplicaron multas por cualquier motivo. El aparato gubernamental de ultra derecha en su máxima expresión al servicio del poder contra el pueblo.

Aquella manifestación republicana fue a saco roto, como también han ido las mareas blancas, verdes, naranjas y violetas. También fue un rotundo fiasco para buena parte de la población la nula respuesta a las protestas contra la tradición sanguinaria del Toro de la Vega en Tordesillas (Valladolid). Ha sido inútil y frustrante, sobre todo, porque a los presuntos destinatarios del mensaje les importa muy poco y toman la decisión que genera la protesta sin importar la oposición ciudadana.

¿Es el ciudadano ingenuo o inconsciente al creer que las protestas son la única forma de participación y preocupación ciudadana o es que el estado de ánimo general conduce a la población a conformarse con ello? Este comportamiento que denota un creciente sentimiento masivo de impotencia, incertidumbre y rabia, plantea una pregunta que nos hemos hecho entre la sorpresa y la angustia: ¿por qué no somos capaces de reaccionar eficaz y contundentemente ante situaciones de despojo, humillación, maltrato, defraudación y abusos?

La indefensión aprendida (IA) es un fenómeno cuya secuela se traduce en la creencia de que nuestra conducta no tendrá ninguna influencia sobre los resultados. Se ha descrito como una perspectiva del individuo (o en este caso, un colectivo) que produce tres efectos:

I) déficit motivacional para emitir nuevas respuestas,

II déficit cognitivo para aprender que las respuestas controlan los resultados

III) reacciones afectivas de miedo y depresión.

La IA se ha descrito de diversas formas: desaliento, desamparo e incluso, indolencia aprendida, volcando esta última, una responsabilidad sobre los ciudadanos. Los españoles definen sus sensaciones como un estado de irremediable abandono y desesperación en relación con las consecuencias más graves de la crisis económica. Así mismo, con los efectos de las decisiones tomadas por los gobernantes para, dicen ellos, Rajoy y sus ministros, encarar la crítica situación económica caracterizadas por continuados recortes de sueldo, de prestaciones y de derechos que afectan a los ciudadanos que nada han tenido que ver con sus causas, y que no entienden lo que ocurre. Decisiones que, para colmo, es evidente que por mucho que salgamos a la calle u organicemos una huelga general, no hay forma de evitar ni cambiar. Por si esta realidad no fuese bastante frustrante, el gobierno instrumentó leyes y normas para castigar las manifestaciones y protestas populares mediante detenciones poco justificadas y prisiones preventivas de cuestionable afinidad con derechos humanos fundamentales (Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana presentada por el titular del Ministerio de Interior y aprobada por el Consejo de Ministros en Julio 2014).

Los discursos, mensajes y prácticas de socialización por parte de nuestros políticos están diseñados para inhibir o frenar cualquier iniciativa de acción y participación social en el quehacer político en los tres niveles de gobierno. Por ello, está completamente respaldada y justificada la sensación de abandono que experimenta la ciudadanía, y tanto la indefensión como ese fatalismo inherente a la misma frustración, son el resultado de una experiencia repetida de fracaso en las voluntades dirigidas a controlar el entorno.