A finales de mayo del año pasado, se iniciaron en Turquía protestas contra el gobierno que se expandieron rápidamente en las principales ciudades. El objetivo de los "indignados" turcos (apodados de esta forma por las similitudes con el movimiento 15-M) no es tanto destituir el gobierno como mostrar disconformidad ante el creciente autoritarismo del Primer Ministro Tayyip Erdogan. A pesar de tratarse de un gobierno legítimo, siguiendo los preceptos democráticos establecidos, recientes medidas aprobadas lo ponen en duda. En concreto, cabe citar la limitación del número de hijos que se pueden tener, restricciones en cuanto al alcohol que se puede consumir o el control de los programas televisivos.

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Jack Donnelly, en su obra "Rights, Democracy, and Development" apunta a tres factores como criterio para medir la legitimidad del gobierno: el respeto a los derechos humanos, el sistema democrático y el desarrollo del Estado. Respecto de los dos segundos, es posible afirmar que están siendo cumplidos por Tayyip Erdogan, sin embargo, ¿se están cumpliendo los derechos humanos?

Si las medidas tomadas ya planteaban dudas razonables acerca del respeto a los derechos humanos, lo sucedido tras las protestas ha evidenciado la situación en Turquía. En primer lugar cabe referirse a la brutalidad policial ejercida como medio de disuasión de los manifestantes. El art. 20.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de reunión, establecido como una libertad que debe ser garantizada. Lamentablemente, es un hecho constatado que este derecho es uno de los que más tienden a ser violado en un contexto de dictadura o autoritarismo, puesto que permite la asociación de personas contrarias al régimen y puede originar, como es el presente caso de Turquía, protestas masivas que son difíciles de reprimir. El hecho de que se impidan este tipo de actos, manifiesta una flagrante carencia en la libertad ideológica y libertad de expresión.

Además, es necesario referirse al art. 3 de la propia Declaración, el cual establece que "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". La seguridad de la persona engloba también el no ser víctima de violencia por parte de otras personas, en este caso el Estado. Este hecho refleja el dilema planteado por Donnelly en su obra "The Universal Declaration Model" en relación a que el Estado concentra tanto el poder como la autoridad, por lo que simultáneamente se convierte en la máxima amenaza para los derechos humanos y en su garante.

Pero la gravedad de esta cuestión se ve intensificada por lo expuesto en el artículo del 16 de Junio de 2013 publicado en la web de The New York Times, bajo el título "Turkey expands violent reaction to street unrest", el cual denuncia como no únicamente se está reprimiendo a los manifestantes, sino que se amenaza también al personal médico para evitar el tratamiento de personas que han sufrido heridas en manifestaciones.

Situaciones como esta se repiten una y otra vez en la historia y nadie actúa. Cada vez hay víctimas de todas las edades pero como parece que se produzcan lejos o en países menos desarrollados, tendemos a olvidarlo con el tiempo, cuando la mayoría de veces no se ha logrado superar la situación, o por lo menos no completamente. Este artículo pretende llamar la atención sobre este hecho, que debemos tratar de recordar, que noticias que eran portada día tras día caen en el olvido.