La banca sufrió un duro revés el pasado 21 de diciembre con el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la retroactividad total de las cláusulas suelo. Echaba por tierra el fallo del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013, la famosa sentencia que consideraba nulas las cláusulas suelo "si existe falta de transparencia e información" pero limitaba la devolución de los intereses que se habían cobrado de más a esa fecha. El Alto Tribunal adaptó el pasado 15 de febrero la jurisprudencia a la sentencia del TJUE.
"La declaración del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula" dice el fallo.
Así que las entidades están obligadas a devolver todo el exceso que han hecho pagar a los clientes afectados por estas cláusulas.
La postura de los bancos
Los bancos presentan ciertas reticencias a cumplir la sentencia del TJUE. Han tenido el respaldo del Tribunal Supremo apoyándose en una posible "alteración del sistema financiero y sus repercusiones macroeconómicas". Son más de 4.000 millones de euros los estafados al consumidor, un 20% de los recortes practicados por el Gobierno en los últimos 5 años en materias de sanidad, educación y bienestar social.
Hasta el momento sólo los bancos nacionalizados, como Bankia, han hecho pública su intención de devolver al cliente todo lo que se le ha cobrado de más.
La mayoría de los bancos privados, algunos de ellos rescatados con dinero del contribuyente, continúan sin manifestar cómo van a acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La responsabilidad de Caja Rural de Asturias
A finales de 2014 la entidad asturiana defendía ante sus reclamantes la total legalidad y transparencia de las cláusulas de limitación a la variabilidad del tipo de interés que habían incluido en los préstamos hipotecarios.
Afirmaban sin reparo que cada uno de ellos había sido "debidamente informado" tanto de "su contenido" como de "lo relativo a su aplicación e implicaciones de la misma". Y destacaban que la perfección del contrato se hubiera hecho ante Fedatario Público para darle más apariencia de legalidad.
Dos años después, la transparencia exhibida por la entidad en sus comunicaciones se ha transformado en un reparto de culpa entre empleados y notarios.
La infracción se debe a la probable "deficiente información" que el cliente haya recibido del "director de la sucursal y del fedatario público que intervino la escritura". El corporativismo de Caja Rural de Asturias se diluye en un ejercicio de absolución total, dejando en entredicho su conocimiento de la posible mala praxis de sus empleados y la complicidad de los notarios para llevar a cabo tales prácticas inmorales.
