No parece casualidad que sea nuevamente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI) el que esté detrás de los #bahamas Papers. En abril de este año, esa organización realizó una supuesta investigación, en realidad pagada por el Gobierno de Estados Unidos, para robar los archivos de la firma jurídica Mossack Fonseca, en Panamá.

Este robo reveló detalles confidenciales de actividades financieras realizadas por sociedades offshore y por personas de diferentes partes del mundo. La prensa nombró al escándalo “Panamá Papers”. Ahora, con un modus operandi similar, CIPI accedió, de manera ilegal, a 175 mil documentos de sociedades offshore, fundaciones y fondos fiduciarios constituidos en las Bahamas entre 1990 y 2016.

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De inmediato, la prensa sensacionalista optó por calificar esta nueva filtración como “Bahamas Papers”.

Entre los datos robados que han recibido mayor cobertura mediática está que el Grupo Socma, propiedad de la familia del presidente argentino Mauricio Macri, invirtió, en abril de 2000, 10 millones de dólares en una sociedad dedicada al turismo. El aporte se realizó a través del grupo de inversión Galicia Advent Socma Private Equity Fund, registrado en las Islas Caimán. Para aplacar las críticas, los Macri dijeron que la sociedad fue declarada ante las autoridades tributarias argentinas, lo que los exime de cualquier delito.

Los documentos robados también mostraron que los hijos del ex presidente argentino Fernando de la Rúa, Antonio y Fernando, participaron en dos sociedades offshore creadas en Bahamas: Furia Investments Holdings Inc y Bonds Cay Development Bahamas LTD.

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Antonio, pareja de la cantante Shakira entre 2000 y 2011, fue vicepresidente de ambas compañías y Fernando secretario.

Además, en los datos confidenciales sustraídos hay menciones a la ex vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, la ministra de Interior británica Amber Rudd, al ex ministro colombiano Carlos Caballero, ex secretarios y cientos de empresarios mexicanos.

La sustracción fue aprovechada, por ejemplo, por el gobierno de Panamá para tratar de lavar la mala imagen que le construyeron los medios desde abril, incluso, Francia volvió a colocarlo en su listado de paraísos fiscales. El presidente de ese país, Juan Carlos Varela, aseveró que los Papeles de Panamá fueron “principalmente un tema mediático que expusieron un problema global. Se le puso el nombre de Panamá, porque fue una firma panameña la que sufrió la sustracción de información, pero el tema de la evasión fiscal es un problema global.”

¿Por qué el CIPI apuntó esta vez hacia Bahamas? La respuesta no es complicada.

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Este país se opone a firmar el acuerdo para el intercambio estandarizado y automático de información tributaria que es exigido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es cierto que el gobierno bahamés se había comprometido a adscribirse en 2018 pero es probable que, tras este escándalo, tenga que adherirse antes. De esta forma, los gobiernos que más impuestos colocan a sus ciudadanos tendrán acceso a información que, hasta ahora, había sido confidencial.

Otro punto que desmiente la teoría del ocultamiento de fondos es que si las personas ya citadas en este artículo y otras miles perjudicadas por el robo de información de CIPI realmente hubieran querido esconder su rol en estas sociedades, sencillamente habrían recurrido a otras sociedades offshore, por ejemplo, de Liberia, para impedir que robos como el que estamos contando llegaran a revelar sus nombres.

Cualquier parecido entre los Papeles de Panamá y los Bahamas Papers no es pura coincidencia. #Corrupción #Panama Papers