En su rumbo errático, el gobierno de Mauricio Macri no sabe cómo obtener sustentabilidad para sus medidas antipopulares, de neto corte neoliberal.

Cerraron, a muy alto costo, la cuestión del default del año 2001, liberaron lo que se conoció como el “cepo” cambiario o sea limitaciones a la compra y venta de divisas impuesto por el gobierno de Cristina de Kirchner.

Por un lado, esperan la llegada de las tan mentadas inversiones externas como mensaje de “confianza” hacia el proyecto iniciado, mientras los miembros del gabinete y el mismo jefe del poder ejecutivo, obligados por el escándalo de los “Papeles de Panamá” tuvieron que reconocer tener depósitos en paraísos fiscales...

Entre las marchas y contramarchas por el mal llamado “sinceramiento de la economía”, al que habría que denominar más apropiadamente, como una gigantesca transferencia de recursos millonarios, desde los sectores más humildes hacia los grupos más concentrados (petroleras, mineras y agro-alimentarias a través del mecanismo de quita de retenciones a las exportaciones primarias), se debe sumar la apertura indiscriminada a la importación de manufacturas desde mercados con mano de obra esclava, la caída estrepitosa del consumo y por ende, de la producción y el mercado interno, ponen en jaque al gobierno argentino.

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En ese marco de incertidumbre y malestar general, no tuvo más opción que moderar los aumentos de tarifas brutales (en algunos casos de hasta el 2500 %) y reconocer su error.

Por último recurrió a un mecanismo que ellos mismos criticaban hace poco tiempo al momento de ser oposición: Blanqueo de dinero de argentinos que tienen depósitos en el exterior.

Pretenden que esta ley sea un instrumento con el que se generarán mayores ingresos fiscales y se reactivará la economía, con ingresos genuinos por alrededor de 50.000 millones de dólares, siendo optimistas. Así se legalizaría dinero del cual no se sabe su origen, tal como casos de #Corrupción, cuanto menos. Otros manifiestan que el apuro se debe a la futura aparición de nuevos y múltiples informes de "Panamá Papers" involucrando a un inmutable gobierno ante semejante escándalo...

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Ante la estrepitosa caída de respaldo de la gestión, se anunció una medida demagógica: el pago de deudas atrasadas con los sectores de jubilados, a través de mecanismos de venta de acciones en que el Estado, por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social, participa en la actividad privada. Muchos sospechan que se trata de una maniobra que además de tener consecuencias nefastas hacia los futuros jubilados, como es el vaciamiento de recursos, también sería una estafa. Ya ocurrió algo similar cuando se privatizó la seguridad social en la década de los '90. #Deuda #La economía hoy