La lucha encarnizada entre los datos macroeconómicos y la realidad palpable está más fiera que nunca. Mientras el FMI y diversas organizaciones coinciden en alabar la política de reformas introducida en pro de tranquilizar a los mercados, la pobreza infantil se dispara en España.

Tanto es así que, a las pocas horas de ser felicitados por el Fondo Monetario Internacional por la aplicación de políticas de ajuste que están ayudando a mejorar en términos macroeconómicos, Amnistía Internacional hacía público su informe sobre el estado de la pobreza infantil situando a España como el segundo país de Europa con más riesgo de que los #Niños caigan en la pobreza.

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El número de niños que están en riesgo de exclusión social como consecuencia de la pobreza en España se sitúa en unos escandalosos 2,7 millones sólo superado por Rumanía, en unas cifras que han sido confirmadas por varias ONG's. Unos datos que llegan pocas horas antes de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU someta a examen a todos los países miembros de la Unión Europea en su habitual Examen Periódico Universal para conocer el estado del cumplimiento de los derechos humanas en cada territorio.

En paralelo, en el Centro para Derechos Económicos y Sociales ya se ha juzgado a España en este sentido poniendo de manifiesto las continuas violaciones de derechos humanos, económicos, sociales y civiles que se vienen produciendo en nuestro país en los últimos años generando cada vez una tasa mayor de pobreza y aumentando el riesgo de exclusión social.

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Según los datos publicados por Amnistía Internacional, en España, desde 2008, 80.000 niños han pasado a quedar al borde de la pobreza lo que equivale, según AI, en perder una década de trabajo en lucha de la pobreza infantil. Más allá de los niños, esta ONG ha querido avisar de que, 13 millones de personas, es decir, más de un cuarto de la población total española, están al borde de la exclusión social tras haberse aumentado en tres millones desde el inicio de la crisis asegurando que sólo el fin de las políticas de austeridad y la inversión en programas sociales pueden parar esta sangría.