El Instituto de Economía de Barcelona ha presentado unas recomendaciones políticas, con tal de evitar el fraude y la economía sumergida española, la cual está calculada entorno a los 260.000 M de euros, alrededor del 24 y 26% del PIB contabilizado. Además, se recuerda que la presión fiscal en España está por debajo del resto de países de la Unión Europea, con la consiguiente pérdida de ingresos fiscales, originada en su mayoría por el fraude y la normativa fiscal. Dichas recomendaciones son veinte y están divididas en tres apartados dependiendo del propósito final.

La primera tendría que ver con la amenaza de penalización. Para hacerlo es necesario una batería de estrategias en las que destacan entre otras el aumento de las sanciones, hacer públicas las condenas por #Evasión fiscal, la identificación de personas que no declaran y dar más poder para detectar cuentas fraudulentas. La segunda de las medidas a realizar sería mejorar el acceso a los servicios fiscales. Para hacerlo se propone simplificar los formularios de pago de impuestos y el pago, formar a los contribuyentes, ayudarles y prestarles servicios para que les sea más cómodo cumplir con sus obligaciones fiscales y mejorar el servicio telefónico y online de la administración tributaria

Por último, la tercera medida es la de aumentar la confianza en la cultura tributaria. Para ello se debería evitar la amnistía fiscal, publicar el nombre de la persona que defrauda, dejar claro que el servicio público está relacionado con el pago de los impuestos, fomentar el cumplimiento entre otros organismos y eliminar las desigualdades en el trato con los contribuyentes.

Además se deberían intensificar las inspecciones en el mercado laboral, pues en su mayoría las actividades ilegales tienen una relación elevada con el desempleo. También es necesario favorecer al sector industrial y no tanto a los sectores de servicios que son más propensos a la economía sumergida, y por último suavizar la política de austeridad, al ser una causa de desempleo y de favoritismo.