Se trata de una manera más de estrechar el cerco de la libertad de acción de los ciudadanos, como acostumbra a hacer el #Gobierno de turno, esta vez a través de la reforma fiscal recién realizada y que entrará en vigor en enero de este próximo año, con el pretexto de "evitar una posible fuga de capitales".

Esta vez lo que pretenden es que una persona con la posesión de un buen patrimonio empresarial, al querer cambiar su lugar de residencia al extranjero, pague un cuantioso tributo a Hacienda por unas hipotéticas ganancias que aún no ha percibido en base a las que tiene en el momento en que decide marcharse y en el incremento de las mismas que supondrá, haga lo que haga con ellas, es decir, las venda o no.

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Se trata del llamado "exit tax" (impuesto de salida), según el cual, si el patrimonio de una persona excede los 4 millones de euros en activos o acciones en una empresa, o poseyendo un 25% de la misma, sus ganancias son mayores al millón de euros, ha realizado la declaración del IRPF durante 10 años en un período de 15 no consecutivos, y esta, por el motivo que sea, quiere dejar este país para irse a trabajar al extranjero, deberá declarar como "renta de ahorro" las ganancias latentes, es decir, las que aún no ha percibido, teniendo que abonar una copiosa cantidad así a Hacienda.

Además de esto, dicha persona tendrá que proporcionarle información personal a un Estado en el cual ya no residiría durante 10 años (sobre su nuevo domicilio en el extranjero, toda variación sufrida por los activos que posea, a quién se los vende si lo hace).

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El incumplimiento de este nuevo decreto conllevaría una multa bajo la denominación de "cuota tributaria", por lo que estas personas, que no deberían tener en principio ninguna ligadura al Estado español, están sometidos a una especie de vigilancia durante semejante período. Esto, probablemente, frene el impulso de invertir en el extranjero y las inversiones que desde fuera se pudieran hacer aquí durante un tiempo superior a 15 años (que se podría traducir en inversiones más estables).

Pero esto, si bien es algo negativo, es un mal menor frente a la limitación de la libertad de acción que supone para quienes, cumpliendo estas condiciones previas, deseen, por el motivo que sea, salir fuera de este país; tendrán que pagar un impuesto por trasladarse a otro sitio buscando mejores oportunidades frente a un país que ahora mismo dista de ofrecerlas en muchísimos aspectos (y, con ello, muchas veces, puestos de trabajo). Y, además, se tendrán que someter a una vigilancia estatal, incluso aunque vendieran todo patrimonio que les vinculara a este país, solo por la posibilidad de que exista el "riesgo de fuga de capitales".

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Pero, ¿tienen algún derecho a insinuar que estas personas puedan evadir impuestos por el simple hecho de tener un buen patrimonio empresarial? Y lo que es más grave aún, ¿pueden tomar posiciones como estas ante esa sospecha, que más bien parece una acusación, dadas las medidas que se toman, parece que a modo de castigo?  #PP